El debate político detrás de la reforma judicial argentina.

En el camino entre ambas cámaras, el proyecto de reforma judicial impulsado por el gobierno, sigue desatando críticas sobre su finalidad. Se prevé su tratamiento en Diputados para el mes de noviembre.

El pasado 29 de julio el presidente Alberto Fernández presentó un proyecto de ley para la reforma de la justicia federal que incluye, entre otros puntos, la creación de nuevos juzgados, un Consejo Consultivo de juristas, y en última instancia prevé la posibilidad de ampliar los integrantes de la Corte Suprema. 

El proyecto busca reformular y agilizar el fuero de la justicia penal federal y crea nuevos juzgados y cámaras de apelaciones en las provincias. No obstante, esta propuesta ha suscitado grandes debates y análisis acerca de la finalidad del actual gobierno por llevar a cabo esta reforma judicial en medio de una pandemia y con un país colapsado económicamente. 

Las voces de la oposición se alzan para denunciar que detrás de esta reforma se oculta una estrategia política por parte del gobierno para controlar los juzgados donde justamente se investigan las causas de corrupción de ex funcionarios K, −entre ellas, las causas contra la actual vicepresidenta Cristina Kirchner−.  

Desde el oficialismo, el propio presidente defendió la propuesta alegando que lo que se busca con esta reforma es darle más independencia a la Justicia Federal de las influencias políticas del poder de turno. Según Fernández, “no se le saca la causa a ningún juez” y señalo que el proyecto impulsado por su Gobierno “lo único que crea son nuevos juzgados”. 

Por su parte, Pablo Pirovano y Enrique Del Carril del blog Abogados.com.ar, alegaron que no se trata de una reforma judicial sino de un aumento de organismos judiciales y del Ministerio Público junto con la unificación de diferentes fueros especializados actualmente existentes. Asimismo, fundamentaron que no se justifica ampliar el número de jueces y funcionarios del Ministerio Público solo por motivo de desconfianza del gobierno actual hacia los 12 Jueces Federales Penales de la Ciudad de Buenos Aires. 

Un punto de fuerte discusión tiene que ver con la reforma de la Corte Suprema. Entre las ideas que se barajan surge la posibilidad de ampliar el número de magistrados que la componen y dividirla en salas enfocadas en diferentes temas. Aunque esto permitiría distribuir mejor las miles de causas que trata al año, también haría que disminuya el poder de cada juez. 

El proyecto realizó su paso por el Senado obteniendo media sanción a la reforma después de 10 horas de debate y sin el apoyo de la oposición. Al final de la sesión se anunciaron modificaciones que implican la creación de más juzgados y cámaras que lo que preveía el dictamen de comisión y, por lo tanto, más recursos y esfuerzo fiscal para su puesta en marcha. Asimismo, el oficialismo decidió eliminar la alusión a los medios de comunicación del artículo en el que se obliga a los jueces a denunciar presiones.

La propuesta del Gobierno fue aprobada por 40 votos afirmativos del Frente de Todos y sus aliados contra 26 votos negativos de la bancada opositora de Juntos por el Cambio, que mantuvo sus cuestionamientos, pese al cambio introducido a último momento, por considerar que la reforma “no era prioritaria” en medio de la pandemia de coronavirus.

En que consiste la reforma judicial.

Estos son algunos puntos principales que fueron aprobados por la cámara alta

  1. Se unifican los fueros Criminal y Correccional Federal y Nacional en lo Penal Económico, ambos de la Ciudad de Buenos Aires, bajo la denominación de fuero Penal Federal con asiento en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
  2. Se crean 23 Juzgados en lo Penal Federal con asiento en CABA, que pasarán a identificarse con los números 24 a 46.
  3. Se transfiere la totalidad de la competencia penal no federal a la Ciudad de Buenos Aires.
  4. Se crean Juzgados Federales de Primera Instancia con asiento en las provincias y sus respectivos cargos de jueces, para lograr equidad en el sistema federal de justicia, y se crean nuevas Cámaras de Apelaciones, al igual que defensorías oficiales y cargos de fiscales, quienes tendrán un rol fundamental en el nuevo sistema acusatorio.
  5. Se establece un plazo de dos años para la instrumentación del Código Procesal Penal Federal que deberá implementar el nuevo sistema acusatorio, con mayor rol de los fiscales.

El Frente de Todos ya se encuentra trabajando en la reforma judicial en Diputados. Asuntos Constitucionales, Justicia y Presupuesto y Hacienda serán las tres comisiones que debatirán la reorganización del fuero federal y, posiblemente, le den algunos cambios a la media sanción que llegó del Senado. Se prevé llevarlo al recinto a principios de noviembre.

Sin dudas, el planteamiento de un debate acerca del actual sistema judicial argentino se torna necesario teniendo en cuenta la crisis que claramente afecta la credibilidad y el buen funcionamiento de la justicia federal con competencia penal. Según el periodista Hugo Alconada Mon, una reforma judicial es necesaria: “las estadísticas del Poder Judicial nos recuerdan la creciente impunidad en la Argentina. Por ejemplo, apenas el 2% de los investigados por la justicia federal en la ciudad de Buenos Aires llega a afrontar un juicio oral. Y menos del 1% termina condenado”. 

Es necesario abrir el debate para el establecimiento de un nuevo sistema judicial que nuestra sociedad está demandando desde hace tiempo, sin embargo, la premura del gobierno para sacar esta reforma en medio de una cuarentena interminable y cargada de suspicacias solo contribuye a exacerbar la causa principal de la debacle del poder judicial argentino: su politización.

 

Victoria Alejandra Mendoza

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