Irregularidades del gobierno de Lifschitz bloquean la construcción de 8 jardines de infantes

Se trata de obras financiadas por Nación y adjudicadas en los últimos días de la gestión socialista. El Tribunal de Cuentas objetó resoluciones de la ex ministra Balagué por flaquezas legales. Y el sistema informático de administración financiera rechazó anticipos para las empresas por haber sido aprobados sin presupuesto.

La construcción de ocho jardines de infantes en distintas localidades de la provincia con recursos de Nación está frenada por irregularidades del gobierno de Miguel Lifschitz, en tanto incluyeron anticipos financieros sin previsión de dinero y falencias en los actos administrativos que dispararon una observación del Tribunal de Cuentas.

 

Las obras surgen de un convenio entre los ministerios de Educación de Santa Fe y la Nación, firmado el 13 de mayo de 2019. Allí se acuerda que la Provincia lleve adelante los trabajos de construcción o terminación de jardines de infantes en Santo Tomé, Granadero Baigorria, Funes, Alvear, Pueblo Esther, Santa Fe, Villa Gobernador Gálvez y Firmat. El gobierno central, responsable original de los proyectos, se compromete a aportar los fondos.

 

Desde ese momento pasaron 5 meses hasta la apertura de ofertas de las empresas constructoras interesadas, que se realizó el 2 de octubre. El 2 de diciembre, a escasos 9 días del cambio de gobierno, la entonces ministra Claudia Balagué firmó las resoluciones mediante las cuales se adjudican los trabajos a las contratistas ganadoras.

 

La ex funcionaria no reparó en un detalle: ella no podía hacerlo. Es que el convenio con su par nacional requiere legalmente de un decreto del gobernador que lo refrende, como así también que el mandatario delegue sus facultades, en este caso, en la responsable de la cartera educativa. Más aún, el acuerdo podría ser enviado a la Legislatura para su aprobación. Nada de ello ocurrió. Altro que superpoderes.

 

Ante esta situación, el Tribunal de Cuentas de la provincia emitió el 28 de febrero una observación legal, como se puede ver en las imágenes que acompañan esta nota

 

Esa no es la única debilidad del proceso. Según el Pliego de Bases y Condiciones para la Licitación de Obras Públicas de la Nación, que tiene vigencia en este caso, “al momento de la firma del contrato, el contratista podrá solicitar un anticipo financiero no superior al 20% (veinte por ciento) del monto del contrato”. Se trata de plata que el Estado aporta “únicamente para pagar equipos, planta, materiales y gastos de movilización que se requieran específicamente para la ejecución del contrato”.  Ese dinero “será descontado de cada certificado mensual en la misma proporción que fuera otorgado”. Es como si fuera un préstamo personal cuyas cuotas se descuentan del sueldo, salvo el detalle de que en este caso son constructoras.

 

Pese a que queda claro que el pedido lo deben que hacer las empresas, no figura en el expediente nada parecido. De hecho, más bien lo contrario. El mismo pliego mencionado en el párrafo anterior ordena que la solicitud del dinero por parte de las compañías tiene que hacerse “presentando simultáneamente seguro de caución”.

 

 

Fuente: Diario Santa Fe

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