Brasil: ya hay más de 20 pedidos de impeachment contra Bolsonaro y ex ministros de Salud lo denuncian en la ONU

El mandatario de Brasil ya superó las veinte solicitudes de impeachment en Diputados

Cuando se asocia el sustantivo prontuario con el apellido Bolsonaro en una búsqueda de Google aparecen 127 mil resultados. Son demasiados para un presidente cuya calidad constitucional devino en una parodia. El militar ultraderechista que gobierna Brasil tiene antecedentes de sobra para “estar detenido” como dice el jurista brasileño Pedro Esteban Serrano, aunque simplemente se refiera a que interfirió en una investigación judicial que complica a su hijo Carlos como hacedor de una usina de fake news. El padre pretendía hacerlo zafar de un presunto delito y terminó sepultándolo más.

El mandatario ya superó las veinte solicitudes de impeachment en la Cámara de Diputados. La última es de su ex aliada, la congresista Joice Hasselmann (PSL-SP). El militar ultraderechista ha sido denunciado también por la Comisión de Paz y Justicia de su país porque considera que sus acciones son delitos de responsabilidad, como el de alentar a la ciudadanía a desafiar la pandemia que viene provocando miles de muertes en Brasil. Precursores de las imputaciones contra este personaje fuera de control, la Comisión Arns y el Colectivo de Abogados por los Derechos Humanos, ya le habían imputado crímenes contra la humanidad por incitar al genocidio de los pueblos índigenas en noviembre de 2019. La Asociación Brasileña de Juristas por la Democracia (ABJD) lo llevó además ante la Corte Penal Internacional con argumentos semejantes a los otros espacios de DDHH. Por último, siete ex ministros de Salud de Lula y Dilma Rousseff acaban de anunciar que recurrirán a la ONU y la OMS por lo que consideran un “potencial genocidio” en el país más grande de América Latina.

Los repudios unánimes que cosecha el presidente lo dejan al borde de una salida deshonrosa que hasta podría llevarlo a la cárcel por causas justificadas. No es una exageración, ni un deseo fallido de sus detractores. Es una posibilidad aunque parezca lejana y que se robustece día a día.

Bolsonaro fue comparado con Donald Trump por el célebre lingüista estadounidense Noam Chomsky en el programa Democracy Now: “compiten para ver quién puede ser el peor criminal del planeta” dijo el 15 de abril. En Brasil hay una gran porción de la ciudadanía que lo ve al militar como un delincuente, un término que respeta la semántica, porque el jefe de Estado comete delitos con habitualidad. Incluso un sector de su propio electorado profundizó su desencanto con el presidente tras la salida del gobierno del ex ministro de Justicia Sergio Moro.

Antes de que lo abandonara el juez que llevó a Lula a prisión, Bolsonaro había caminado solito hacia el precipicio cuando arengó a su núcleo más duro de simpatizantes en Brasilia que pedían el cierre del Congreso y del Supremo Tribunal Federal (TPF). Un mensaje golpista dentro del golpe que ya lleva casi cuatro años y que se inició el 31 de agosto de 2016 con la destitución de la ex presidenta Dilma Rousseff, y a la que seguiría una sucesión de eventos tan planificados como desgraciados: antes que todo, el encarcelamiento de Lula en Curitiba, y también podrían anotarse en la cuenta aquellas fake wews que desvirtuaron el proceso electoral como la que acusaba al candidato presidencial del PT, Fernando Haddad, de promover la pedofilia y el incesto.

Para el jurista Serrano, un respetado profesor de Derecho Constitucional de la Pontificia Universidad Católica de San Pablo, se cumplen todas las condiciones constitucionales y legales para destituir a Bolsonaro de su cargo. “Ya existe un delito caracterizado: el intento de obstruir una investigación. Si se añade este caso a la postura del presidente hacia la pandemia, hay varios delitos de responsabilidad”, señaló en una entrevista con el sitio Carta Capital. No se detuvo ahí: “Debería ser detenido, no tengo ninguna duda al respecto. Es grave”.

Serrano no es el único que considera a Bolsonaro un reo con chances de ser condenado en el futuro. En todo caso, la suya es una opinión desde el derecho penal. Pero en el plano institucional la situación del presidente es igual o peor. Más de veinte pedidos de juicio político fueron presentados en la Cámara Baja. El más reciente corrió por cuenta de la ex líder del gobierno en el Congreso, la diputada Hasselmann. No es la única que avanzó sobre el militar. Los partidos Rede y el PSB coincidieron en hacer algo con ella.

“Al solicitar acceso a información confidencial a la que desde su posición no tendría acceso, Jair Bolsonaro violó los artículos 5 y 7 de la ley de Delitos de Responsabilidad, ya que está ‘utilizando a las

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