Whpei y Vaudagna aceptaron sus delitos y dejaron en la cuerda floja a Bailaque y Busaniche
El ex director regional en Santa Fe de la AFIP Carlos Vaudagna y el empresario Fernando Whpei firmaron acuerdos de juicio abreviado en la Justicia Federal de Rosario en el que reconocen su responsabilidad en delitos por los que fueron imputados durante este año y quedan sujetos a la aplicación de una pena.
La admisión de los delitos de parte de ambos deja en posición comprometida al ex juez federal de Rosario Marcelo Bailaque y al escribano santafesino Santiago Busaniche, al que tanto Vaudagna como Whpei implicaron en los ilícitos investigados en sus declaraciones como imputados colaboradores, lo que volvieron a hacer la semana pasada al dar consentimiento al juicio abreviado.
El principal delito en el que Whpei y Vaudagna implican a Bailaque y Busaniche es en el armado de una causa penal contra los empresarios rosarinos Claudio Iglesias y Jorge Oneto, a quienes se les formó un expediente por lavado de activos en 2019, del que fueron parcialmente desvinculados con una falta de mérito luego de que Iglesias concretara el pago de 160 mil dólares a fin de ser desvinculado.
Bailaque le pagó en su despacho 35 mil dólares a un empresario que tenía que investigar
El abreviado se firmó hace una semana, entre los días 18 y 19 de diciembre. Tiene un carácter parcial que consistió en el reconocimiento de los delitos atribuidos por los fiscales federales actuantes, la aceptación de las figuras penales que encuadran esas acciones, pero no la fijación del monto de la pena a imponer, que se definirá en una etapa venidera.
En las homologaciones participaron Whpei y Vaudagna, los fiscales federales Federico Reynares y Juan Argibay Molina, y el juez de garantías Eduardo Rodrigues Da Cruz, que homologó los acuerdos parciales.
El exjuez Bailaque
Whpei está en prisión domiciliaria y presenció el acto por videoconferencia. Lo que aceptó, al igual que Vaudagna, es que ellos dos junto a Santiago Busaniche y Marcelo Bailaque entre 2019 hasta 2024 concretaron una serie de actos coordinados para implicar en una causa penal a los empresarios Iglesias y Oneto.
Eso supuso la realización de cinco allanamientos irregulares en domicilios vinculados a Iglesias con el objetivo de dañar su reputación y perturbar su ejercicio de cargos en la aseguradora San Cristóbal. Además, Bailaque y Whpei, con conocimiento de Vaudagna, le exigieron 200 mil dólares a Iglesias para no perjudicarlo en la causa penal y en la fiscalización de AFIP. Por esas presiones, Iglesias les entregó un total de 160.000 dólares entre octubre de 2019 y marzo de 2022.
Según lo que admitieron Whpei y Vaudagna, la decisión de orquestar la causa contra Iglesias fue impulsada por Santiago Busaniche, quien se la transmitió al entonces juez Bailaque en agosto de 2019. Bailaque le comunicó esa idea a Whpei, con quien tenía una relación de amistad y trato habitual. Luego Bailaque, Whpei y Vaudagna acordaron que se recibiría una denuncia anónima en la sede de AFIP y que Vaudagna la presentaría ante la Justicia cuando estuviera de turno el juzgado de Bailaque.
Para dar visos de seriedad a la denuncia involucraron también a Jorge Oneto, socio de Iglesias, quien había estado imputado en una investigación provincial resonante, conocida como la “megacausa” de fraude inmobiliario.
En la denuncia armada en la AFIP se señalaba que Iglesias lavaba dinero proveniente del narcotráfico y que tenía vínculos con la organización criminal conocida como “Los Monos”. Violando la normativa interna de la AFIP, Vaudagna radicó una denuncia penal falsa ante el juzgado de Bailaque y presentó el escrito apócrifo.
El 14 de agosto de 2019, llamativamente una hora antes de que fuera registrada en la AFIP, la denuncia fue recibida formalmente en el juzgado Federal 4. Doce días después Bailaque ordenó medidas y en lugar de asignar la investigación a un fiscal la retuvo él sin delegarla. En forma paralela Whpei le exigió dinero a Iglesias para frenar la investigación. Los empresarios implicados accedieron a entregar el dinero y le concretaron cinco pagos a Whpei.
Este financista declaró como arrepentido que le fue dando parte del dinero a Bailaque. Y que en una ocasión lo hizo un viernes a mediodía en el restaurante Pampa de Mendoza y Moreno. Declaró que se lo entregó dentro del estuche de cartón de una botella de vino.
El acuerdo consigna todo lo ocurrido y narrado delante de un juez en audiencias de imputación durante los últimos trece meses. Y señala que tras impulsar allanamientos e indagar a los empresarios imputados en agosto de 2021, Bailaque dictó una falta de mérito contra ellos ese mismo año, en una causa que no tuvo movimientos hasta que la delegó recién en 2024, cuando el señalamiento de la maniobra era público.
En el texto del abreviado Whpei y Vaudagna reconocen que Bailaque ordenó los allanamientos sabiendo de la ilegalidad de la medida. Y los fiscales remarcan que en su resolución Bailaque afirmó falsedades en relación con el origen de la denuncia y omitió mencionar que se trataba de una operación previamente coordinada con Whpei y Vaudagna, e impulsada por Busaniche.
Los alquileres
Whpei también reveló que entre enero de 2019 y enero de 2025, mientras se desempeñaba como juez, Bailaque recibió pagos que él mismo le realizaba a través de una mutual que controlaba llamada Siempre Joven, por un total de 5.719.194 pesos, por la renta de una vivienda de su propiedad. La entrega se enmascaró mediante el contrato de locación de un inmueble que el ahora ex juez tenía en Caleta Olivia, provincia de Santa Cruz, donde Bailaque fue funcionario judicial antes de asumir como juez federal de Rosario en 2008.
Los fiscales establecen, y Whpei lo admite, que la entidad Siempre Joven Asociación Mutual nunca ocupó el inmueble de Bailaque. Al poco tiempo de celebrar el contrato de locación, por decisión de Whpei, la mutual cedió gratuitamente el uso del inmueble a la mutual “12 de Septiembre”, entidad que utilizó la propiedad hasta mayo de 2023. Desde entonces, el inmueble quedó desocupado y en estado de abandono, pero la mutual Siempre Joven continuó pagando mensualmente por el alquiler hasta el mes de enero de 2025
Bailaque incluyó estos ingresos depositado por la mutual en su cuenta del Banco Patagonia en sus declaraciones juradas patrimoniales ante el fisco y ante el Consejo de la Magistratura de la Nación, como si fueran ingresos lícitos, subrayan los fiscales. Los definen como beneficios económicos indebidos por parte de Fernando Whpei, que estaban motivados en su condición de juez federal. Tanto Whpei como los fiscales coincidieron que este accionar encuadra en el delito de ofrecimiento de dádivas en un total de 72 hechos.
Carlos Vaudagna
Finalmente Whpei aceptó que había convenido con Bailaque la transferencia de unos mil millones de pesos de la Cooperativa de Trabajadores Portuarios de Puerto San Martín hacia el Grupo Financiero Unión que él controlaba. Los fondos estaban bajo el control funcional del ex juez en una cuenta inmovilizada por una causa penal que mantenía la entidad mencionada. Whpei les señaló a directivos de la cooperativa que “la causa vendría a Rosario, la tomaría un juez amigo, y que nombraría asesores (…) con el fin de lograr la normalización de la entidad“.
Por estos hechos Whpei y Vaudagna aparecen implicados en una trama genérica con los delitos de extorsión, concusión, prevaricato, abuso de autoridad, tráfico de influencias e incumplimiento de deberes de funcionario público, allanamiento ilegal y falsedad ideológica de documento público. Según los casos varía la participación. En algunos como coautores, en otros como partícipes primarios.
Para la etapa del juicio a la que están sometidos los demás imputados en la causa, entre ellos Bailaque y Busaniche, están citados más de 70 testigos. Entre ellos los fiscales provinciales Luis Schiappa Pietra, Sebastián Narvaja, el ahora camarista y ex fiscal Miguel Moreno, la ex diputada nacional Elisa Carrió y la diputada provincial Lionella Cattalini.
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