Un fallo judicial declaró inconstitucional la fórmula jubilatoria de Alberto Fernández y ordenó recalcular los haberes
La Cámara Federal de la Seguridad Social declaró la inconstitucionalidad de la fórmula de movilidad jubilatoria establecida por la ley 27.609, vigente durante el gobierno de Alberto Fernández, y ordenó recalcular los haberes de una jubilada utilizando el mecanismo anterior.
La resolución alcanza al período comprendido entre enero de 2021 y junio de 2024 y establece que deberá aplicarse la fórmula prevista en la ley 27.426, sancionada durante la gestión de Mauricio Macri. Posteriormente, la actualización deberá continuar bajo el esquema de movilidad mensual vinculado a la inflación.
El pronunciamiento fue firmado por los jueces Juan Alberto Fantini y Nora Carmen Dorado, integrantes de la Sala II. Los magistrados revocaron una sentencia de primera instancia que había rechazado el reclamo presentado por Carmen Galletta contra la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES).
La Justicia calculó una pérdida del poder adquisitivo del 46,83%
Entre los principales argumentos, el tribunal cuestionó que la fórmula establecida por la ley 27.609 no contemplara directamente la evolución de la inflación ni incluyera un mecanismo que garantizara una actualización mínima frente a una aceleración de los precios.
El sistema anterior combinaba la evolución de los salarios y la recaudación tributaria. Sin embargo, según los fundamentos del fallo, ese mecanismo generó un desfasaje entre los incrementos jubilatorios y el costo de vida.
Para dimensionar el deterioro, los jueces compararon los aumentos acumulados entre marzo de 2021 y marzo de 2024. En ese período, la movilidad jubilatoria registró una suba del 553,55%, mientras que la inflación alcanzó el 1.129,07%.
A partir de esa diferencia, la Cámara estimó una pérdida de capacidad de compra cercana al 46,83%.
Además, la resolución consideró que los posteriores aumentos vinculados al IPC no fueron suficientes para compensar el deterioro acumulado. Según el criterio judicial, actualizar una jubilación sobre una base que ya perdió poder adquisitivo mantiene la diferencia en el tiempo.
Qué fórmula deberán utilizar para recalcular la jubilación
Como mecanismo de recomposición, la Cámara dispuso utilizar la fórmula de movilidad de la ley 27.426, que establecía actualizaciones trimestrales mediante una combinación de dos indicadores:
- 70% de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC).
- 30% de la evolución salarial medida por el RIPTE.
Los jueces consideraron que correspondía recuperar ese esquema, ya aprobado por el Congreso, en lugar de aplicar retroactivamente el régimen de actualización vigente.
El monto final que deberá percibir la demandante todavía no está determinado. La liquidación deberá contemplar los aumentos que ya recibió, los adelantos, las recomposiciones y las ayudas extraordinarias para evitar duplicaciones.
Por otra parte, la Cámara admitió el planteo de prescripción presentado por la ANSES, que limita el período por el cual pueden reclamarse diferencias retroactivas.
El fallo también estableció condiciones sobre intereses y topes jubilatorios
La resolución dispuso que las diferencias que eventualmente surjan deberán calcularse con la tasa pasiva promedio mensual del Banco Central. También determinó que las costas de ambas instancias judiciales estarán a cargo de la ANSES.
En cuanto a los topes previsionales, los magistrados declararon inconstitucional el artículo 9, inciso 3, de la ley 24.463, siempre que durante la liquidación se compruebe que su aplicación provoca una reducción igual o superior al 15%.
¿El fallo beneficia a todos los jubilados?
Uno de los puntos centrales de la resolución es su alcance. La sentencia resuelve el reclamo de una jubilada en particular y no dispone un aumento automático para todos los beneficiarios del sistema previsional.
Sin embargo, representa un antecedente judicial relevante para otros reclamos contra la fórmula de movilidad que estuvo vigente entre 2021 y 2024.
La decisión abre un nuevo escenario para las demandas previsionales en las que se cuestiona el impacto de aquel mecanismo de actualización sobre los ingresos de los jubilados.
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