Más de cien comedores y merenderos suspendidos por irregularidades en el uso de fondos públicos
Una auditoría realizada por el ministerio provincial revela desvíos de fondos en comedores y merenderos, incluyendo casos de instituciones inexistentes y suplantaciones de identidad. Funcionarios suspenden de forma definitiva a 160 instituciones hasta regularizar su situación
En una investigación del ministerio de Desarrollo Humano de Santa Fe, se han descubierto irregularidades en el uso de fondos públicos destinados a comedores y merenderos en la provincia. De las 400 instituciones auditadas, se han encontrado desvíos en 160 de ellas, incluyendo casos de comedores fantasma y asignaciones fraudulentas de fondos.
El secretario de Desarrollo Territorial del Ministerio de Igualdad y Desarrollo Humano de Santa Fe, Sergio Basile, informó sobre la situación: “Hemos encontrado un desorden significativo que ha impedido que la ayuda alimentaria llegue a quienes más la necesitan. Más del 50% de las instituciones auditadas presentan irregularidades, desde falta de rendiciones hasta casos graves de comedores inexistentes”.
Basile destacó que las irregularidades van desde la falta de rendiciones hasta casos graves de comedores que no existen en las direcciones declaradas. Algunos de los casos más preocupantes incluyen supuestas suplantaciones de identidad con asignaciones de fondos a personas que desconocían tener tarjetas alimentarias a su nombre.
Las instituciones suspendidas de forma definitiva hasta regularizar su situación se elevan a 160, con denuncias presentadas a la Justicia en casos graves. La mayoría de las irregularidades se concentran en el sur de la provincia, con un enfoque especial en las ciudades de Santa Fe y Rosario.
En cuanto a la política alimentaria de la provincia, Basile resaltó la importancia de programas como la tarjeta institucional, la Tarjeta Única de Ciudadanía y el programa social nutricional para garantizar la alimentación de la población más vulnerable. La situación ha llevado a muchas instituciones a regularizar sus rendiciones y funcionamiento para garantizar la transparencia en el uso de los fondos públicos destinados a la ayuda alimentaria.
