Realizarán inspecciones socioambientales a aspirantes y efectivos de la Policía de Santa Fe y del Servicio Penitenciario
El Ministerio de Seguridad de la provincia implementará inspecciones socioambientales con el objetivo de detectar comportamientos, patrones de conducta y vínculos personales que puedan afectar el desempeño de los agentes. La medida, que también alcanzará al Servicio Penitenciario, surge tras un caso escandaloso que involucra a una suboficial de Rosario.
Medida preventiva tras un caso que generó alarma
A raíz de la detención de una joven policía en Rosario que prestaba servicios en la central de emergencias 911 y habría filtrado información a su pareja, un recluso de la cárcel de Piñero, el Ministerio de Seguridad de Santa Fe tomó una medida concreta: por medio de la Directiva N.º 11, con fecha del 20 de mayo, ordenó la implementación de inspecciones socioambientales a todos los integrantes de las fuerzas de seguridad provinciales, incluidos aspirantes, cadetes, efectivos en comisión y personal ya confirmado, tanto en la Policía como en el Servicio Penitenciario.
Estas inspecciones buscarán identificar componentes actitudinales y conductuales, así como vínculos sociales, familiares, comerciales o de cualquier índole que puedan incidir negativamente en el cumplimiento del deber, en la integridad de las fuerzas o en la confianza de la sociedad hacia las instituciones de seguridad.
La directiva establece que los protocolos de inspección, junto con el orden de prioridades en cada caso, deberán ser presentados para su aprobación. Además, anula cualquier resolución, orden o directiva previa que se oponga a esta disposición, y deja expresamente prohibidas todas aquellas prácticas que obstaculicen su cumplimiento.
Las tareas estarán a cargo de la Secretaría de Coordinación Técnica y Administración Financiera del Ministerio de Seguridad, en articulación con la Secretaría de Seguridad Pública y la Secretaría de Asuntos Penales.
El caso que motivó la decisión
El disparador de la disposición fue el caso de una suboficial de 21 años, detenida el lunes en Rosario mientras visitaba a su pareja, quien permanece alojado en la Unidad Penitenciaria N.º 11 de Piñero. El hombre está acusado de participar en un ataque a tiros contra un colectivo ocurrido en septiembre del año pasado.
Según la investigación, la agente –que se encontraba con licencia por maternidad– habría proporcionado a su pareja información sensible vinculada al funcionamiento del sistema de videovigilancia del 911, la cual habría sido utilizada para planificar nuevas balaceras. Del vínculo entre ambos nació un bebé hace cinco meses.
Además, las conexiones familiares de la joven también están bajo la lupa: su hermano será imputado esta semana en relación a otro hecho violento, registrado a comienzos de mayo, cuando se produjo un ataque a tiros contra la vivienda de Norma Acosta, también en la ciudad de Rosario.
Control institucional
Con esta nueva disposición, el Ministerio de Seguridad busca reforzar los controles institucionales y prevenir situaciones en las que la vida personal de los agentes pueda interferir con su labor profesional o comprometer la seguridad pública. Se trata de una iniciativa que apunta a fortalecer la transparencia, la idoneidad y la confiabilidad dentro de las fuerzas de seguridad de la provincia.