La Secretaría de Derechos Humanos fue degradada a subsecretaría por “ideología partidaria”
El Gobierno oficializó la medida a través del Decreto 347/2025. También fueron rebajadas otras cinco áreas del Ministerio de Justicia. La decisión fue justificada con argumentos de ahorro fiscal y reestructuración institucional.
Este jueves, el Gobierno nacional oficializó la degradación de seis áreas clave dentro del Ministerio de Justicia y la Secretaría de Justicia de la Nación. La decisión más significativa fue la del pase de la Secretaría de Derechos Humanos a rango de subsecretaría, una medida que fue anticipada días atrás por el vocero presidencial Manuel Adorni y que se formalizó mediante el Decreto 347/2025, publicado el 22 de mayo en el Boletín Oficial con las firmas del presidente Javier Milei y el ministro de Justicia Mariano Cúneo Libarona.
Además del cambio en Derechos Humanos, se reestructuraron otras cinco dependencias: la Unidad de Gabinete de Asesores y la Subsecretaría de Gestión Administrativa (ambas del Ministerio de Justicia), y la Subsecretaría de Política Criminal, la Subsecretaría de Acceso a la Justicia y la Subsecretaría de Asuntos Registrales (pertenecientes a la Secretaría de Justicia).
Desde el Ejecutivo nacional argumentaron que los cambios permitirán un ahorro anual estimado en $9.000 millones. Según explicó Adorni, esto se logrará mediante una reducción del 40% en la estructura organizativa y del 30% en el personal de las áreas afectadas. El vocero también sostuvo que la medida busca garantizar “todos los derechos humanos” y no la defensa de “un sector ideológico partidario”.
El decreto también señala que el Archivo Nacional de la Memoria y el Museo Sitio de Memoria ESMA dejarán de ser organismos desconcentrados de la ahora Subsecretaría de Derechos Humanos, y pasarán a estar bajo la órbita del Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos (CIPDH), una organización de carácter internacional que depende de la UNESCO y tiene sede en Argentina.
Los derechos humanos, según la ONU
La decisión del Gobierno reavivó el debate sobre el lugar que ocupan los derechos humanos en la estructura estatal. En ese marco, cabe recordar lo que establece la Declaración Universal de los Derechos Humanos, proclamada por la Asamblea General de la ONU el 10 de diciembre de 1948 en París. Este documento constituye un referente normativo y ético internacional que ha guiado desde entonces la creación de leyes y políticas públicas en defensa de los derechos fundamentales.
El primer artículo de la Declaración afirma que “todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos y, dotados como están de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros”. El segundo artículo garantiza que “toda persona tiene todos los derechos y libertades proclamados en esta Declaración, sin distinción alguna” por motivos de raza, color, sexo, religión, opinión política, origen nacional o social, entre otros.
En línea con la perspectiva defendida por organismos internacionales y referentes en derechos humanos, el artículo 27 de la misma Declaración agrega: “Toda persona tiene derecho a tomar parte libremente en la vida cultural de la comunidad, a gozar de las artes y a participar en el progreso científico y en los beneficios que de él resulten”.
La medida del Gobierno, aunque justificada por razones de austeridad, ya comenzó a generar reacciones en sectores sociales y políticos que ven con preocupación el lugar que pasarán a ocupar los derechos humanos dentro de la política pública nacional. Se espera que en los próximos días se multipliquen los posicionamientos críticos tanto en el plano nacional como internacional.