El simulacro del primer juicio por jurados arrojó un balance positivo
Fue en Rafaela. La actividad permitió practicar el nuevo sistema que comenzará a implementarse en Santa Fe, con la participación de profesionales y expertos de Entre Ríos.
Con vistas a la implementación del juicio por jurados en Santa Fe, este miércoles se llevó a cabo un simulacro en la ciudad de Rafaela que dejó un saldo ampliamente positivo. La actividad, desarrollada en la sede del Colegio de Abogados local, tuvo como propósito replicar todas las etapas de un proceso judicial con jurado popular, permitiendo a los participantes ensayar este nuevo sistema de enjuiciamiento que comenzará a regir en la provincia.
El evento fue organizado de manera conjunta por el Colegio de Magistrados, el Colegio de Abogados de Rafaela y la Universidad Católica Argentina (sede Paraná), y contó con la participación activa de jueces, fiscales y defensores provenientes de Entre Ríos, provincia que ya tiene una experiencia consolidada en la materia. Allí, se han realizado alrededor de cien juicios por jurados desde que el sistema fue adoptado.
Un sistema con ciudadanos como protagonistas
Durante la jornada, el abogado penalista y docente universitario Néstor Oroño, referente en la aplicación del juicio por jurados en Entre Ríos, remarcó el valor pedagógico de la actividad. “Este simulacro es muy ilustrativo y formativo”, expresó. Según Oroño, uno de los cambios más significativos que introduce este modelo es que la decisión sobre la culpabilidad o inocencia del acusado queda en manos de ciudadanos comunes, sin formación legal, quienes deliberan basándose en su criterio y sentido común. La determinación de la pena, en cambio, es responsabilidad del juez técnico en la denominada audiencia de cesura.
Oroño también enfatizó el carácter dinámico del derecho y la creciente visibilidad del funcionamiento del Poder Judicial. “La justicia ya no opera detrás de muros”, afirmó, y resaltó el rol de los medios de comunicación en la tarea de informar con claridad sobre estos cambios. Además, hizo un llamado a la ciudadanía para involucrarse activamente y colaborar con un proceso judicial más abierto, comprensible y transparente.
En la misma línea, la Dra. Micaela Schmidt, profesora adjunta en la UCA, destacó que el principal desafío en Entre Ríos fue generar conciencia en la sociedad sobre la importancia de participar como jurado. A pesar de cierta apatía inicial, con el tiempo la población respondió positivamente, mostrando interés en involucrarse en el sistema. Los organizadores confían en que la experiencia de concientización en Santa Fe seguirá un camino similar.
Cuenta regresiva para el primer juicio real
El simulacro, que tuvo una duración aproximada de tres horas, fue valorado como exitoso por los organizadores, quienes destacaron la fluidez del desarrollo y la comprensión que mostraron los participantes, muchos de ellos ciudadanos sin formación jurídica. Si bien el sistema que se implementará en Santa Fe tendrá diferencias con el modelo entrerriano, se mantendrá la estructura básica de funcionamiento, basada en la participación de jurados populares y la división de funciones con los jueces técnicos.
Concluido el simulacro, todas las miradas se dirigen ahora al próximo 9 de junio, fecha en la que se celebrará el primer juicio por jurados real en la provincia. El proceso se desarrollará en la ciudad de San Cristóbal y estará centrado en un caso de alto perfil: un hombre de 58 años será juzgado por el homicidio del jefe de la comisaría de Monigotes y la tentativa de homicidio de la esposa de este, a quien habría atacado tras sorprenderlos juntos en una vivienda rural durante el verano de 2023.
La acusación buscará una condena a prisión perpetua, bajo la figura de homicidio calificado y tentativa de homicidio. La defensa, por su parte, intentará que el hecho sea interpretado como producto de un estado de emoción violenta, lo que podría implicar una considerable reducción de la pena.
El inicio de este juicio marcará un hito en la historia judicial santafesina, inaugurando un sistema que promueve una mayor participación ciudadana en la administración de justicia y que, según lo observado en provincias como Entre Ríos, tiene el potencial de acercar los procesos judiciales a la comunidad, fortaleciendo la transparencia y la legitimidad del sistema penal.