“Queremos que Nación pague lo que nos corresponde”, expresó el gobernador Maximiliano Pullaro en una conferencia de prensa posterior al encuentro. La reunión se llevó a cabo en la sede del máximo tribunal en la ciudad de Buenos Aires y contó con la presencia del secretario de Seguridad Social, Jorge Boasso; la directora de la Caja de Jubilaciones, Alicia Berzero; y el fiscal de Estado, Domingo Rondina.
De acuerdo con lo manifestado por Pullaro, el ofrecimiento del gobierno nacional consistía en aplicar a Santa Fe un esquema similar al que fue propuesto a Córdoba. Sin embargo, desde la provincia rechazaron esa posibilidad de forma categórica. “Les dijimos que no. Creemos que el impacto fiscal que soporta Santa Fe, y los impuestos que transferimos al Estado nacional para sostener la ANSES, no se corresponden con lo que nos ofrecen. Es insuficiente frente a lo que aporta la provincia”, argumentó el mandatario.
En ese sentido, Pullaro destacó que Santa Fe logró ordenar su sistema previsional gracias a la reforma aprobada en septiembre de 2024: “Hoy tenemos una Caja mucho más equilibrada, pero lo logramos porque el año pasado llevamos adelante cambios estructurales que no hizo ninguna otra provincia del país. Nuestra Caja estaba camino a una crisis muy grave”.
El gobernador también fue enfático al afirmar que no habrá concesiones en perjuicio de los intereses provinciales: “No vamos a resignar ni un centavo de lo que le corresponde a Santa Fe. Tenemos una buena relación con el Gobierno Nacional, sí, pero eso no significa que vayamos a entregar los recursos de los santafesinos. Defendemos a nuestra provincia”.
Además, advirtió que, si no hay una mejora sustancial en la propuesta nacional, el conflicto tendrá que ser resuelto por la Corte Suprema: “Si hoy no presentan una oferta más razonable, será la Corte quien decida”, sentenció.
Santa Fe sostiene desde hace años un reclamo histórico ante la Justicia por esta deuda previsional. Es una de las 13 provincias que no cedieron su Caja de Jubilaciones al sistema nacional, lo que dio lugar a un acuerdo mediante el cual Nación se comprometía a compensar de manera periódica el déficit con transferencias financieras. Sin embargo, esas remesas se interrumpieron, generando el actual litigio judicial.
“El acuerdo está vigente, pero no se cumple desde hace años”, señaló Pullaro, recordando que la demanda fue presentada originalmente durante la gestión de Omar Perotti, aunque la actual administración decidió continuarla y reforzarla.
Según estimaciones oficiales, el monto reclamado oscila entre los $800.000 millones y $1,2 billón, dependiendo de los intereses que se reconozcan como parte de la deuda.