La Convención Reformadora aprobó cambios en la estructura del Poder Judicial e incorporó nuevos órganos de control
Con siete votaciones en general y veintinueve en particular, la Convención Reformadora avanzó en la modificación de varios artículos de la Constitución santafesina vinculados al Poder Judicial. Entre los principales cambios se destacan la ampliación de la Corte Suprema a siete miembros, la redefinición de la figura del Procurador, la creación de un Ministerio Público con dos órganos, un Consejo de Selección para futuros magistrados y un Jurado de Enjuiciamiento. Además, se incorporaron quince cláusulas transitorias para ordenar la aplicación del nuevo esquema en los próximos dos años y se otorgó rango constitucional a la Defensoría del Pueblo, que desde 1990 funcionaba por ley.
Debate y consensos
La novena asamblea plenaria de la Convención se llevó a cabo bajo la presidencia honoraria de Danilo Kilibarda, convencional en 1962, propuesto por el bloque Activemos. El trabajo de la Comisión Redactora fue clave para acercar posiciones entre Unidos y el bloque de Más para Santa Fe, que acompañaron junto con Fe la mayoría de las reformas. En cambio, Activemos, Somos Vida y Libertad, y La Libertad Avanza no apoyaron los textos, manifestando fuertes críticas a los alcances de los cambios.
“Apuntamos a garantizar una mayor independencia de la justicia”, sostuvo Lisandro Enrico (Unidos), presidente de la Comisión de Poder Judicial. El legislador radical explicó que se realizaron trece audiencias con casi medio centenar de expositores y que el dictamen “oxigena y renueva” la estructura judicial. Detalló que la Corte Suprema pasará a estar compuesta por siete integrantes con representación territorial y de género, y subrayó la incorporación de un órgano de selección y de un Tribunal de Enjuiciamiento presidido por la propia Corte.
Desde Más para Santa Fe, Diego Giuliano celebró que el dictamen represente “un paso adelante” al corregir defectos previos y dar rango constitucional a organismos como la Defensoría del Pueblo. Jaquelina Balangione, en tanto, remarcó que los cambios permitirán un Ministerio Público de la Acusación más independiente del poder político.
En contraste, María Victoria Capocetti (Activemos) aseguró que la reforma deja “un sabor amargo” porque, a su entender, “se rediseñó el Poder Judicial con objetivos políticos”. Silvia Malfesi (Somos Vida y Libertad) calificó la jornada como “un día de duelo en la provincia” y denunció que “se entierra la división de poderes”. Froilán Ravena (La Libertad Avanza) cuestionó la decisión de fijar en siete el número de ministros de la Corte, advirtiendo que se “amarra” la justicia al poder político y que podría generar conflictos a nivel nacional e internacional.
Por su parte, Lionella Cattalini (Unidos) defendió la incorporación de siete miembros en la Corte y la decisión de no requerir mayorías especiales para su designación, comparándolo con lo dispuesto en la Constitución Nacional. También recordó que ya rige la edad límite de 75 años para jueces y ministros del Poder Judicial, establecida por la Legislatura.
Resultados de las votaciones
En la primera votación general, se aprobaron cambios en seis artículos de la Constitución y se sumó uno nuevo para otorgar rango constitucional a la Defensoría del Pueblo. El resultado fue 35 votos afirmativos, 21 negativos y 12 abstenciones.
En tanto, los artículos referidos a la nueva integración de la Corte Suprema obtuvieron 49 votos a favor y 19 en contra. La incorporación de la Defensoría del Pueblo recibió 47 apoyos, 17 votos en contra y 4 abstenciones de parte de Activemos.
Novedades introducidas
Durante el debate en comisión, se lograron acuerdos sobre el Consejo de Selección y el Tribunal de Enjuiciamiento. El Consejo, de carácter técnico, estará integrado por representantes de los distintos actores del sistema de justicia y funcionará bajo la órbita del Ejecutivo. A diferencia de lo que ocurría hasta ahora, sus propuestas serán vinculantes, un término que se sumó al despacho final tras negociaciones entre Unidos, Más para Santa Fe y Activemos.
Respecto al Tribunal de Enjuiciamiento, se definió que será presidido por la Corte Suprema y contará con once integrantes: seis legisladores —tres por cada cámara— y cinco representantes del ámbito judicial.
Una reforma con impacto político
Enrico destacó que la reforma busca fortalecer la independencia judicial y otorgar garantías a los ciudadanos. Giuliano la definió como una “solución razonable”, aunque advirtió que la justicia lenta sigue perjudicando especialmente a la gente común. En tanto, sectores opositores insistieron en que se trata de un rediseño que responde a intereses partidarios más que institucionales.
La aprobación de estas reformas marca un hito en el trabajo de la Convención Reformadora, que aún debe seguir avanzando en otros capítulos de la Carta Magna provincial.