El Gobierno nacional cerró la oficina que investigaba el escándalo cripto de $LIBRA
Fue disuelta la Unidad que indagaba la promoción del memecoin en redes de Javier Milei. La causa penal sigue abierta en la Justicia.
El Gobierno nacional decidió este martes disolver la Unidad de Tareas de Investigación (UTI) que se había conformado para analizar el escándalo vinculado a la criptomoneda $LIBRA, cuya promoción a través de las redes sociales del presidente Javier Milei desató una fuerte polémica a principios de año. La medida fue oficializada mediante el Decreto 332/2025, publicado en el Boletín Oficial, y lleva las firmas del propio mandatario y del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona.
Según se expresa en el decreto, la unidad ya habría “cumplido con la tarea encomendada”, y toda la información recabada fue remitida al Ministerio Público Fiscal, responsable de continuar con las investigaciones. Con esto, se le puso punto final a un equipo creado en un contexto de creciente presión política y mediática, luego de que la promoción de $LIBRA desde las cuentas personales del presidente derivara en pérdidas económicas masivas para cientos de pequeños inversores.
De la promoción a la desaparición del proyecto
La criptomoneda $LIBRA fue presentada a principios de febrero como un “memecoin” con supuestas proyecciones disruptivas en el ecosistema cripto. Sin embargo, tras una serie de publicaciones en redes por parte del presidente Milei que, si bien no la recomendaban explícitamente, sí celebraban el proyecto, el valor del activo se disparó brevemente para luego colapsar en cuestión de días. Al poco tiempo, los desarrolladores desaparecieron, dejando el proyecto abandonado y sin respaldo.
Esta situación provocó graves perjuicios económicos a quienes compraron el token impulsados por la notoriedad que cobró tras la intervención pública del mandatario. En ese contexto, el Gobierno conformó la UTI mediante el Decreto N.º 114/25, con el objetivo de relevar información y determinar eventuales responsabilidades.
Sin informes públicos y con la Justicia al frente
Pese a la relevancia del tema y el fuerte impacto en la opinión pública, hasta el momento no se ha difundido ningún informe oficial sobre los hallazgos de la Unidad. La decisión de cerrarla genera dudas respecto del alcance real de sus investigaciones y de si los eventuales involucrados dentro del Ejecutivo fueron o no examinados por su posible vinculación con el caso.
Aun así, desde el Gobierno aseguran que todo lo investigado fue entregado al Ministerio Público Fiscal, por lo que la causa judicial permanece abierta. La Justicia deberá determinar si existieron delitos económicos, manipulaciones del mercado o conflictos de interés por parte de funcionarios públicos que pudieran haber influido en la promoción del criptoactivo.
Demanda en Estados Unidos contra Milei
Mientras tanto, en el ámbito internacional, el escándalo tiene también repercusiones: una demanda colectiva avanza en los tribunales de Estados Unidos, donde se acusa a Javier Milei de promoción engañosa y negligencia. La acción judicial alega que muchos inversores no habrían puesto dinero en $LIBRA de no haber sido por las publicaciones del presidente en redes sociales, que otorgaron al proyecto una legitimidad percibida por buena parte del público como una recomendación implícita.
La demanda, que podría escalar a instancias federales si se comprueba que hubo ciudadanos estadounidenses entre los perjudicados, forma parte de un contexto más amplio de escrutinio sobre figuras públicas que impulsan activos digitales sin brindar la información adecuada ni garantizar respaldo legal.
Una decisión que no cierra el caso
Con el cierre formal de la UTI, el Gobierno busca dar por concluida su participación directa en el caso, delegando toda responsabilidad investigativa en el Poder Judicial. Sin embargo, la falta de transparencia sobre las tareas realizadas por la Unidad y el impacto que tuvo la participación del presidente en la masificación de un criptoactivo fallido hacen prever que el escándalo aún está lejos de apagarse.
En este escenario, el desenlace judicial tanto en Argentina como en Estados Unidos podría arrojar luz sobre los límites entre la expresión personal y la responsabilidad institucional de los funcionarios públicos, en un terreno cada vez más difuso como lo es el de las finanzas digitales.