El Gobierno aprobó nuevos estatutos para Gendarmería, Prefectura y el Servicio Penitenciario Federal

Los cambios fueron oficializados este lunes mediante los decretos 454, 455 y 457/2025, publicados en el Boletín Oficial. La iniciativa se inscribe dentro de la política de reorganización del Estado impulsada por el presidente Javier Milei, con foco en la transparencia, la eficiencia y la reducción del gasto público.

Reforma en Gendarmería Nacional

El decreto 454/2025 establece el nuevo estatuto de la Gendarmería Nacional Argentina, reemplazando a la Ley Nº 19.349 que regía desde 1971. La reforma redefine de forma integral las misiones y funciones de esta fuerza de seguridad militarizada, adecuándolas a estándares modernos de gestión pública.

Entre los principales objetivos se destacan:

• Racionalización de funciones y estructuras.

• Jerarquización de la carrera profesional.

• Implementación de un régimen disciplinario más ágil.

• Incorporación de principios de buen gobierno y transparencia.

• Fortalecimiento del control interno y la administración financiera.

El nuevo marco legal busca eliminar superposiciones normativas y funciones duplicadas, lo cual contribuiría a una gestión más eficiente y a la reducción del gasto. Asimismo, se instruyó a la Gendarmería a presentar, en un plazo de 90 días, las propuestas normativas necesarias para aplicar estos cambios.

Prefectura Naval Argentina: nuevo rol y estructura

La Prefectura Naval también fue alcanzada por esta reforma. El decreto 457/2025 modifica profundamente la Ley N.º 18.398, vigente desde 1969. A partir de ahora, la Prefectura será formalmente reconocida como una Fuerza de Seguridad Federal —sin subordinación a la Armada—, con nuevas funciones y una estructura organizativa renovada.

Además de sus tareas tradicionales como policía de la navegación, autoridad marítima, policía judicial y de prevención de la contaminación marina, se le asignan nuevas competencias:

• Participación en misiones internacionales.

• Fiscalización de la pesca y la caza.

• Aplicación del sistema de vigilancia marítima “Guardacostas”.

• Suscripción de convenios de cooperación con otras fuerzas nacionales e internacionales.

El estatuto también introduce cambios en la organización interna: jerarquías, escalafones, suplementos salariales y condiciones para el retiro del personal.

Servicio Penitenciario Federal: profesionalización y derechos humanos

Por su parte, el decreto 455/2025 aprueba un nuevo estatuto para el Servicio Penitenciario Federal, reemplazando normativas vigentes desde hace más de cinco décadas. La reforma apunta a actualizar el sistema penitenciario según las necesidades actuales.

Los principales ejes del nuevo marco legal son:

• Profesionalización del personal y mejoras en sus condiciones laborales.

• Incorporación de tecnologías y modernización del sistema penitenciario.

• Mejora de la infraestructura.

• Refuerzo de los derechos humanos y la seguridad dentro de los establecimientos.

• Desarrollo de programas para reducir la reincidencia.

Además, el nuevo estatuto convierte formalmente al SPF en una Fuerza de Seguridad Federal dependiente del Ministerio de Seguridad. Se establece una estructura interna que incluye direcciones generales dedicadas a formación, bienestar, seguridad y tecnología.

También se dispone la desafectación y reubicación de cárceles ubicadas en zonas urbanas, y se ordena al Ministerio de Seguridad la elaboración de un Plan de Infraestructura Penitenciaria.

En el marco de la Ley de Bases

Estas reformas se adoptan bajo la Ley N.º 27.742, conocida como Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, que declaró la emergencia pública por un año en diversas áreas. Esta normativa habilita al Poder Ejecutivo a avanzar con una profunda reestructuración del Estado, orientada a reducir el déficit fiscal, mejorar el funcionamiento institucional y optimizar el uso de recursos públicos.

En este contexto, los nuevos estatutos buscan reforzar la capacidad del Estado para enfrentar las amenazas del crimen organizado y mejorar la seguridad ciudadana, al tiempo que promueven un manejo más transparente y eficiente de los fondos públicos.