Reunión en la Corte por la puesta en marcha del nuevo Ministerio Público de Fiscales y Defensores

En un encuentro de poco más de una hora, el presidente de la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe, Roberto Falistocco, recibió a las máximas autoridades del recientemente creado Ministerio Público: la fiscal general María Cecilia Vranicich y la defensora general Estrella Moreno Robinson. Se trata de uno de los órganos que surgieron con la última reforma constitucional, que lo estableció como un ente extrapoder, autónomo, con presupuesto propio y sin dependencia del Poder Judicial.

De acuerdo con lo dispuesto por las cláusulas transitorias de la nueva Carta Magna, todos los trabajadores del Ministerio Público de la Acusación (MPA) y del Servicio Público Provincial de la Defensa Penal (SPPDP) pasaron automáticamente a integrar este nuevo organismo, sin que se creen nuevos cargos ni estructuras paralelas. La definición de los convencionales fue clara: no se trata de un proceso de transición, sino de un cambio profundo en la administración de justicia de la provincia.

Un nuevo esquema institucional

La fiscal y la defensora, que desde ahora comparten la conducción del Ministerio Público, arribaron por separado a Tribunales pero se retiraron juntas, respondiendo en dúo a las preguntas de la prensa. Ambas remarcaron que el desafío es encarar este cambio con diálogo institucional y sin dramatismos, atendiendo las preocupaciones del personal y garantizando la continuidad de los servicios.

Entre los temas inmediatos, se resolvió que los salarios de los fiscales y defensores, así como del personal, serán abonados directamente por el nuevo Ministerio Público, aunque los fondos provengan del Ejecutivo provincial a través del ministro de Economía, Pablo Olivares. También se aseguró la continuidad de servicios esenciales como el jardín maternal al que asisten hijos de empleados, uno de los planteos más urgentes que recibieron.

La propuesta de “enroques”

Durante la reunión, Vranicich y Moreno Robinson presentaron una nota formal con una lista de temas prioritarios y, además, acercaron a la Corte una propuesta innovadora: habilitar registros voluntarios para que empleados del Ministerio Público o del Poder Judicial puedan intercambiar lugares de trabajo, siempre que exista equivalencia de cargos y vacantes disponibles. La iniciativa contempla tres listados paralelos (MPA, SPPDP y Poder Judicial), que permitirían realizar “enroques” según vocaciones e intereses, sin perjuicio para ninguna de las partes.

“La idea es abrir esa posibilidad para quienes deseen desarrollar su carrera en otro ámbito, con criterios de equidad”, señaló Vranicich. Moreno Robinson coincidió en que el objetivo es brindar alternativas que fortalezcan el clima laboral, destacando la predisposición del presidente de la Corte para evaluar la propuesta.

Avances administrativos y presupuestarios

Las funcionarias explicaron que el nuevo Ministerio Público conserva los presupuestos con los que ya contaban las estructuras de fiscales y defensores, pero ahora deberá constituirse como jurisdicción presupuestaria independiente, lo que implica un reordenamiento administrativo significativo. En ese sentido, subrayaron que ya iniciaron gestiones con el Ministerio de Economía para establecer los mecanismos correspondientes.

“Conversamos de todo: desde cuestiones básicas como el jardín maternal hasta aspectos técnicos de liquidación de sueldos”, resumieron. Y remarcaron que la prioridad es garantizar tranquilidad al personal en este contexto de transformación, cumpliendo con lo establecido por la Constitución con armonía y respeto.

Un cambio estructural

La reforma constitucional de 2025 consagró un Ministerio Público único e independiente, que reúne las funciones de acusación y defensa, continuando el proceso iniciado años atrás con la Reforma Procesal Penal que instauró el sistema acusatorio y dejó atrás el modelo inquisitivo. Así, la provincia se alineó con los principios de la Constitución Nacional, separando de manera definitiva el rol de los jueces —centrado en juzgar— del de los fiscales —a cargo de la persecución penal— y de los defensores, encargados de garantizar el acceso a la defensa para quienes no pueden costear un abogado particular.

Al finalizar el encuentro, tanto Vranicich como Moreno Robinson destacaron el carácter positivo de la reunión y la necesidad de seguir trabajando junto a la Corte para dar respuestas conjuntas a las inquietudes de los trabajadores y avanzar en la consolidación de esta nueva etapa institucional.