Qué intentará demostrar la fiscalía en el juicio contra dos exjefes de la Policía de Santa Fe

Este jueves dará inicio en los tribunales de la ciudad de Santa Fe el juicio oral contra Rafael Grau y Omar Odriozola, quienes estuvieron al frente de la Policía provincial entre 2015 y 2016. Ambos están acusados de haber liderado una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante maniobras sistemáticas que involucraban documentación apócrifa, pagos irregulares y desvío de fondos públicos.

Durante el debate, el fiscal Ezequiel Hernández intentará demostrar que los dos exjefes no solo estaban al tanto de las maniobras, sino que fueron actores clave en su articulación. La acusación plantea que el esquema delictivo se basaba en el aprovechamiento de los procedimientos internos de la propia institución policial, que fueron manipulados para generar una apariencia de legalidad en operaciones que, en realidad, nunca se concretaban.

La investigación penal tuvo su origen en una denuncia formulada en 2016 por el entonces Ministro de Seguridad, Maximiliano Pullaro. Desde entonces, el expediente derivó en la condena de nueve personas, entre ellas funcionarios policiales de distintos rangos y civiles, como comerciantes, chapistas y responsables de talleres mecánicos. Todos ellos admitieron haber participado en una estructura organizada para extraer fondos del Estado simulando reparaciones de vehículos y compras de insumos inexistentes.

El mecanismo de fraude

El corazón de la maniobra consistía en facturar trabajos de reparación en móviles policiales o compras de repuestos que nunca se realizaban. Para ello, se emitían facturas falsas a nombre de talleres, negocios de autopartes, imprentas o chapistas, que actuaban en connivencia con los funcionarios policiales implicados. Esas facturas eran presentadas como documentación válida para justificar erogaciones del Estado.

El procedimiento administrativo era manipulado desde dentro. Las facturas eran recibidas por un Habilitado de la Policía, quien tenía la función de gestionar los pagos. Con esas facturas en mano, el funcionario emitía las órdenes de pago correspondientes mediante cheques oficiales. Sin embargo, para poder liberar esos fondos, necesitaba dos avales indispensables: la firma del jefe de la Policía (rol ocupado por Grau o por Odriozola, según el período) y la aprobación del área de Logística, conocida como D4.

De acuerdo a la acusación, los jefes policiales firmaban esas órdenes de pago sin objeciones, pese a tratarse de operaciones inexistentes. Además, eran quienes autorizaban las rendiciones de cuenta que contenían esas facturas fraudulentas, cerrando así el circuito administrativo que daba cobertura a la defraudación.

El reparto del dinero

Una vez cobrados los cheques emitidos sobre la base de documentación falsa, el dinero era entregado por los comerciantes al propio Habilitado policial. Según lo declarado por los ya condenados, esa persona le entregaba luego el dinero al jefe de la fuerza, quien determinaba cómo se repartirían los montos entre los distintos miembros del grupo.

El fiscal sostiene que este reparto estaba coordinado por el jefe policial de turno y que el control jerárquico que ejercían Grau y Odriozola era determinante para el funcionamiento sostenido del entramado. El objetivo, desde la perspectiva de la fiscalía, era enriquecerse a costa del erario público, burlando todos los controles internos del Estado.

Facundo José Testi, un civil considerado el organizador externo de la asociación ilícita, ya fue condenado y señalado como una figura central en el diseño de las maniobras. Era él quien articulaba con los comerciantes y los habilitados los pasos necesarios para montar el andamiaje documental que permitía justificar los pagos ante el Estado.

Las pruebas y la acusación

El fiscal Hernández sostendrá en el juicio que Grau y Odriozola usaron su posición de mando para facilitar, tolerar y beneficiar las actividades ilícitas. Se les imputa haber dispuesto los medios, consentido las prácticas fraudulentas, coordinado acciones con los demás integrantes de la banda y distribuido las utilidades obtenidas.

El perjuicio económico atribuido a cada uno también fue detallado. A Odriozola, quien fue jefe entre enero y septiembre de 2015, se le imputa un desvío de más de un millón de pesos. A Grau, que asumió el cargo en septiembre de 2015 y se mantuvo hasta febrero de 2016, se le adjudica un perjuicio de 958 mil pesos. Cabe destacar que estos montos, calculados en su valor nominal de la época, serían hoy considerablemente mayores debido a la inflación acumulada.

Además de los testimonios y la documentación recogida durante la investigación, el fiscal contará con el antecedente de las nueve condenas previas obtenidas en juicios abreviados, en los cuales los acusados reconocieron haber formado parte de la asociación ilícita. Esos antecedentes podrían jugar un rol clave en la argumentación de la fiscalía.

Una causa emblemática

El juicio que comienza este jueves se perfila como uno de los más relevantes en la historia reciente de la justicia santafesina, no solo por la gravedad de los delitos imputados, sino también por el nivel jerárquico de los acusados. Por primera vez, se intenta probar judicialmente que quienes encabezaban la Policía de Santa Fe participaron activamente en hechos de corrupción que afectaron directamente los recursos del Estado.

La fiscalía pedirá una pena de nueve años de prisión efectiva para cada uno de los exjefes policiales, en lo que podría convertirse en una sentencia ejemplar si se logra acreditar su responsabilidad. El tribunal deberá evaluar las pruebas y determinar si Grau y Odriozola actuaron como meros firmantes administrativos o si, como sostiene el MPA, fueron líderes conscientes y activos de una estructura delictiva perfectamente organizada.