Reforma constitucional en Santa Fe: la Defensa Pública también busca ser un órgano independiente de los tres poderes del Estado

Este jueves por la tarde, el Servicio Público Provincial de Defensa Penal (SPPDP) de Santa Fe dio a conocer su postura institucional frente al inminente inicio de la Convención Constituyente, previsto para el 14 de julio en la Legislatura provincial. A través de un comunicado titulado “Comunicado institucional del Servicio Público Provincial de Defensa Penal ante el proceso de Reforma Constitucional”, el organismo que conduce la defensora general Estrella Moreno Robinson planteó la necesidad de garantizar, en la futura Constitución provincial, su autonomía funcional, autarquía financiera y su condición de órgano extrapoder.

El texto, difundido oficialmente, propone la incorporación expresa del Ministerio Público de la Defensa como parte del sistema de justicia, con un diseño institucional que asegure su independencia respecto del Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial. En este sentido, la postura de la Defensa Pública se alinea con la expresada dos meses atrás por la fiscal general María Cecilia Vranicich, quien impulsó la misma demanda de autonomía para el Ministerio Público de la Acusación (MPA).

El comunicado sostiene que la autonomía y la autarquía del SPPDP están contempladas dentro de los temas habilitados para discusión por la Ley N.º 14.384, que regula el funcionamiento de la Convención Constituyente. Desde esa base legal, el organismo expone su “convicción institucional de que el fortalecimiento estructural del servicio de defensa es indispensable para garantizar el acceso a la justicia y la vigencia plena de los derechos”. A su vez, se destaca que esta independencia permitiría asegurar el ejercicio efectivo del derecho a la defensa, especialmente para quienes se encuentran en condiciones de mayor vulnerabilidad.

Un nuevo esquema para los trabajadores

La propuesta de reforma también incluye un aspecto sensible: el futuro laboral de los empleados del organismo. En el documento se enumeran seis ejes centrales, entre los que se subraya la necesidad de que el Ministerio Público de la Defensa tenga independencia de los tres poderes tradicionales del Estado; que sus funciones esenciales —acceso a la justicia, defensa técnica y asistencia jurídica integral— estén claramente definidas; y que tenga la capacidad de autogestionar su presupuesto, elaborándolo y ejecutándolo sin injerencias externas.

Además, se reclama que los empleados, funcionarios y defensores del organismo sean equiparados en todos los aspectos a quienes se desempeñan en el Poder Judicial, incluyendo las condiciones patrimoniales, previsionales y tributarias. El comunicado plantea que el diseño institucional sugerido y los contenidos mínimos propuestos son herramientas fundamentales para consolidar un sistema de defensa pública eficiente, capaz de asumir las crecientes responsabilidades que se le asignan.

Una posición con antecedentes

El planteo del SPPDP no es aislado. El debate sobre la ubicación institucional de los Ministerios Públicos ya había sido abierto públicamente por la fiscal general del MPA, María Cecilia Vranicich, el 10 de abril pasado. En aquella ocasión, el organismo respondió a declaraciones del ministro de la Corte Suprema santafesina, Rubén Weder, quien había sugerido que el MPA parecía depender del Poder Ejecutivo. Frente a esa afirmación, desde el MPA remarcaron que la coordinación con otros organismos del Estado no podía interpretarse como una pérdida de autonomía, y aprovecharon para reiterar su intención de constituirse como órgano extrapoder, en consonancia con el artículo 120 de la Constitución Nacional.

Un mes después, durante la presentación del informe de gestión ante el Senado, Vranicich reiteró esa postura ante los convencionales constituyentes: “No estamos dentro de ninguno de los tres poderes clásicos. No podemos depender ni formar parte del Poder Judicial”, enfatizó en esa oportunidad.

Los seis puntos centrales del pedido

El comunicado del Servicio Público de Defensa Penal enumera seis ejes principales que considera fundamentales para el rediseño institucional del organismo:

1. Definirlo como un ente autónomo e independiente de los tres poderes del Estado, en línea con el artículo 120 de la Constitución Nacional.

2. Incorporar sus funciones esenciales: garantizar el acceso a la justicia, brindar defensa técnica y asistencia jurídica integral.

3. Otorgarle capacidad de autogobierno presupuestario, con potestad para elaborar y ejecutar su propio presupuesto.

4. Asegurar la selección y remoción de sus integrantes mediante mecanismos técnicos y autónomos, conforme a los estándares de la Ley Nacional N.º 27.149.

5. Garantizar que todos los integrantes del Ministerio Público de la Defensa (empleados, funcionarios y defensores) tengan equiparación total con los del Poder Judicial en términos económicos, previsionales y tributarios.

6. Establecer un piso presupuestario que garantice el cumplimiento efectivo de su misión institucional.

Inquietud en el personal

La posible salida del SPPDP y del MPA de la órbita del Poder Judicial generó preocupación entre los trabajadores de ambos organismos, quienes manifestaron su temor ante la eventual pérdida de derechos laborales adquiridos.

A través de un comunicado difundido esta semana, los empleados expresaron: “Estamos solicitando no dejar de pertenecer al Poder Judicial porque la mayoría rendimos un concurso de varias etapas para poder ingresar al mismo”. En esa línea, solicitaron que, en caso de concretarse la reforma, se les garantice el derecho a elegir si desean permanecer dentro del Poder Judicial o continuar bajo la nueva estructura institucional del MPA o el SPPDP.

Paralelamente, el Sindicato de Trabajadores Judiciales de Santa Fe mantuvo reuniones durante la semana con empleados y autoridades de ambos organismos, reafirmando su postura en favor de que tanto la Defensa Pública como el Ministerio Público de la Acusación permanezcan dentro del Poder Judicial santafesino.

Así, mientras avanza el proceso constituyente en la provincia, el lugar que ocuparán los Ministerios Públicos en el nuevo texto constitucional comienza a instalarse como uno de los debates centrales.