Piden incluir la autonomía científica en la Constitución de Santa Fe y garantizar el presupuesto para el desarrollo del conocimiento

Durante un encuentro realizado en el Concejo Municipal de Rosario, directivos del Conicet plantearon ante convencionales constituyentes la necesidad de que la reforma de la Constitución de la provincia de Santa Fe contemple un compromiso explícito y de largo plazo con el desarrollo científico. En concreto, solicitaron que se otorgue rango constitucional a la Ley N.º 13.742/2017 —que desde hace años establece un presupuesto para ciencia, tecnología e innovación—, de modo de garantizar su cumplimiento más allá de los vaivenes políticos.

Participaron de la reunión los constituyentes Juan Monteverde, Josefina del Río, Lucila De Ponti, Rubén Giustiniani, Daiana Ambrosis, Diego Giuliano, María Eugenia Martínez, José Daniel Machado y Pablo Corsalini, además de los concejales Norma López, Leonardo Caruana y Alicia Pino.

El primero en tomar la palabra fue Guillermo Labadie, director del Centro Científico y Tecnológico Rosario, quien enfatizó la excepcionalidad de debatir una Constitución y propuso que la nueva carta magna provincial “consolide y proteja la ciencia como lo hace con la salud y el ambiente”. Para ello citó el ejemplo de San Pablo, Brasil, donde desde 1947 existe una asignación presupuestaria constitucional para la ciencia, lo que permitió consolidar una estructura robusta de innovación que hoy representa más del 40 % de la producción nacional.

A su turno, Esteban Serra, también del Conicet, leyó un documento consensuado con directivos de institutos científicos y universidades de la región. En el texto se subrayó la necesidad de garantizar autonomía política y administrativa del sistema científico, y de blindar presupuestariamente su funcionamiento. “La Constitución debe imponer este compromiso a los gobiernos futuros, sin importar su signo político”, señaló Serra.

El planteo también apuntó a los riesgos de que la autoridad de aplicación de la ley actual quede sujeta a ministerios como el de Producción, lo que podría reducir la perspectiva de las investigaciones, sobre todo en áreas como las ciencias sociales. Por ello, los representantes del Conicet propusieron que la autoridad de aplicación tenga rango autónomo, con capacidad de articular transversalmente y sin subordinaciones.

En respuesta, varios convencionales manifestaron su respaldo a la iniciativa y propusieron mecanismos concretos para avanzar. Diego Giuliano afirmó que “cualquier protección en la Constitución requiere financiamiento real”, y remarcó que “la libertad de investigación y el aprovechamiento social del conocimiento son claves”. María Eugenia Martínez, por su parte, recordó que el artículo que aborda la biotecnología será ampliado para contemplar también el desarrollo tecnológico en general, tras recibir sugerencias tanto del ámbito científico como del productivo.

Rubén Giustiniani confirmó que el tema está entre los 42 artículos habilitados para reforma y adelantó que propondrán que las comisiones constituyentes sean abiertas al aporte de expertos y organizaciones. Lucila De Ponti puso énfasis en el concepto de “previsibilidad” que reclamaron los científicos y reconoció que la ley actual, aunque existe, no se cumple sistemáticamente. Daiana Gallo Ambrosis consideró necesario “articular esa ley con rango constitucional”, mientras que Daniel Machado planteó la importancia estratégica de la ciencia y tecnología para la producción provincial, especialmente en el sector agroexportador.

Finalmente, Juan Monteverde expresó que la reforma constitucional es una oportunidad para debatir los grandes temas de largo plazo y convocó a los científicos a integrarse a equipos técnicos asesores. “No se trata solo de dar apoyo político, sino de asegurar que la letra constitucional refleje con precisión las necesidades del sistema científico”, dijo.

Labadie cerró el encuentro reiterando que la comunidad científica está comprometida con el proceso constituyente y entregó un documento firmado por instituciones del sistema científico-tecnológico y académico. El texto destaca que el desarrollo de la ciencia no solo impulsa la productividad, sino también el bienestar social, tal como lo han reconocido organismos como la ONU y la UNESCO.

El documento entregado reclama un “compromiso constitucional con las políticas de promoción del conocimiento”, y advierte sobre los riesgos de que la autoridad de aplicación sea asignada arbitrariamente dentro del organigrama del Ejecutivo provincial. Por ello, propone que la Constitución reconozca y garantice un sistema científico robusto, autónomo, equilibrado y sostenido en el tiempo, como parte fundamental del desarrollo de la provincia de Santa Fe.