Insisten con una ley de emergencia en Discapacidad
Desde diciembre no se actualizan los aranceles y las obras sociales demoran los pagos entre tres y seis meses; esta tarde habrá una marcha en la ciudad en reclamo de soluciones urgentes.
Más de un centenar de equipos de profesionales interdisciplinarios de toda la provincia que trabajan con personas con discapacidad llevan adelante esta semana una serie de medidas de fuerza para visibilizar la grave situación que atraviesan. Como parte de estas acciones, esta tarde realizarán una movilización en la ciudad de Santa Fe.
El eje del reclamo es la urgente necesidad de una ley de emergencia en Discapacidad, que permita resolver la crítica situación que afecta tanto a los profesionales como a los centros de atención. Entre los principales puntos que exigen se encuentra la actualización de aranceles —que no se modifica desde diciembre pasado— y la regularización en los plazos de pago por parte de las obras sociales, que actualmente se extienden entre tres y seis meses.
Abigail Parado, licenciada en Psicopedagogía e integrante de uno de los equipos profesionales afectados, explicó que la concentración tendrá lugar esta tarde en El Molino, Fábrica Cultural, y que desde allí marcharán hacia el Puente Colgante, donde planean visibilizar el reclamo ante la ciudadanía. “Es una situación que no es nueva, lleva años. Cambian los gobiernos y la situación sigue siendo crítica o empeora. Pedimos que se sancione la ley de discapacidad”, expresó.
Parado detalló que la última actualización de aranceles fue mínima: “En diciembre se aplicó un 0,5% de aumento, lo cual es irrisorio frente a los costos que debemos afrontar mes a mes para mantener nuestros espacios de trabajo: alquiler de consultorios, servicios básicos, insumos. Así no se puede sostener”.
Según la profesional, la falta de respuestas concretas y de políticas públicas orientadas al sector ha generado el cierre de numerosos centros especializados. “Los centros están cerrando mes a mes porque no nos podemos sostener económicamente, y eso repercute directamente en la atención de las personas con discapacidad. Se pierden espacios terapéuticos fundamentales”, lamentó.
Además, Parado subrayó que el problema se agrava porque “la discapacidad no ha sido nunca una prioridad para ningún gobierno. Lo vemos en la falta de inversión, en la ausencia de planificación, y en la desidia generalizada que sufrimos como trabajadores del área”.
El reclamo también pone en foco el rol de las obras sociales, que demoran cada vez más en cumplir con sus pagos. “Hoy están abonando con plazos de tres hasta seis meses. Es inviable sostener cualquier actividad profesional en esas condiciones”, denunció.
La marcha de esta tarde busca no solo reclamar mejoras económicas y laborales para los profesionales, sino también poner en agenda la importancia de garantizar los derechos de las personas con discapacidad. La demanda de una ley de emergencia apunta a generar un marco normativo que establezca medidas urgentes de asistencia, financiamiento y sostenimiento de los dispositivos de atención.
Los equipos profesionales esperan una respuesta por parte del Estado que les permita seguir trabajando dignamente, sin que eso implique una merma en la calidad de vida o en el acceso a derechos de las personas que acompañan a diario.