Diputados debatirá este miércoles la Emergencia en Discapacidad: costaría hasta el 0,42% del PBI y el Gobierno ya anticipó su veto
La Cámara de Diputados se prepara para debatir este miércoles en sesión especial el proyecto de ley que declara la Emergencia en Discapacidad hasta el 2027, una iniciativa impulsada por bloques opositores y respaldada por múltiples sectores sociales. Mientras se espera una masiva movilización frente al Congreso y la implementación del protocolo de seguridad, el Gobierno ya anticipó que vetará la norma en caso de ser sancionada, como sucedió anteriormente con otras leyes de impacto fiscal.
Según un informe de la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), el costo del proyecto oscilaría entre el 0,22% y el 0,42% del Producto Bruto Interno (PBI), dependiendo del alcance de su implementación. Esto equivaldría a un gasto de entre $1,8 billones y $3,6 billones. La estimación contempla un incremento de entre 493.000 y 946.000 nuevos beneficiarios, en función de dos escenarios de demanda: uno base, con crecimiento moderado, y otro ampliado, que proyecta una mayor incorporación al sistema en los primeros años.
El proyecto prevé medidas como la actualización de los aranceles del sistema de prestaciones básicas —congelados desde diciembre de 2023—, nuevos criterios para el acceso a pensiones no contributivas, y una compensación extraordinaria para los prestadores de servicios. Solo la actualización retroactiva de los aranceles tendría un impacto fiscal del 0,03% del PBI, aunque la OPC aclaró que no pudo estimar completamente los efectos de otras actualizaciones por falta de parámetros concretos.
Asimismo, se estima que entre 187.000 y 376.000 nuevos beneficiarios requerirían cobertura médica a través del Programa Incluir Salud, aunque no se precisaron montos debido a la variabilidad en el uso de servicios y posibles superposiciones con otras prestaciones del sistema público de salud.
Otro de los puntos del proyecto contempla la restauración del estímulo económico para trabajadores con discapacidad en talleres protegidos, equivalente al 40% del Salario Mínimo Vital y Móvil. Este ítem representaría un gasto marginal de $7.160 millones anuales, lo que se traduce en un 0,0008% del PBI.
La iniciativa principal fue impulsada por el diputado Daniel Arroyo (Unión por la Patria), quien advirtió que la situación del sector es crítica desde hace tiempo, pero que se agravó en los últimos meses por la falta de actualización de las prestaciones. El proyecto se enfoca en tres ejes: mejora de las prestaciones, ampliación del acceso a pensiones no contributivas y erradicación de prácticas de maltrato institucional. También incorpora aportes de otros bloques sobre la incompatibilidad entre jubilaciones y pensiones por discapacidad, sostenibilidad del sistema previsional y equidad en el acceso a los beneficios.
Además del dictamen de mayoría, existen tres dictámenes de minoría. Uno de ellos, presentado por el PRO, propone que la actualización de prestaciones y aranceles se base en el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Otro plantea objeciones respecto a la duración de la emergencia.
Pese al amplio respaldo político y social, el Gobierno reiteró su rechazo a la iniciativa. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, advirtió el lunes que el proyecto, al igual que el que plantea aumentos a las jubilaciones, será vetado en caso de aprobarse. “No hay recursos”, afirmó el funcionario, subrayando que no se trata solo de asignar partidas, sino de identificar su financiamiento.
En la misma línea, el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, acusó a la oposición de impulsar propuestas con un alto impacto fiscal con el objetivo de romper el equilibrio de las cuentas públicas. “Se esconden una vez más detrás de causas nobles para poner en riesgo el equilibrio fiscal que tanto nos costó alcanzar”, sostuvo.
El presidente Javier Milei ya hizo uso del veto en situaciones similares. En septiembre, logró frenar una reforma previsional con ese mecanismo, luego de que la oposición no alcanzara los dos tercios necesarios para insistir en la sanción.
Mientras tanto, diversas organizaciones convocaron a una movilización frente al Congreso durante la sesión. Participarán jubilados, familiares y trabajadores vinculados a la discapacidad, docentes, estudiantes universitarios, científicos y agrupaciones sociales. La protesta se suma a una serie de movilizaciones que se realizaron en todo el país durante los últimos días. En Santa Fe, por ejemplo, hubo una marcha desde el Molino Marconetti hasta el Puente Colgante.
Ante este panorama, el Ministerio de Seguridad, a cargo de Patricia Bullrich, anunció que pondrá en marcha el protocolo antipiquetes con un fuerte despliegue de fuerzas federales para contener las manifestaciones. Esta medida forma parte de la estrategia semanal del Gobierno para desalentar las concentraciones masivas los días miércoles en torno al Parlamento.