Corrupción en la cúpula policial: condenaron a dos exjefes de la Policía de Santa Fe por liderar una asociación ilícita
En un fallo sin precedentes para la provincia de Santa Fe, los exjefes de la Policía, Rafael Ramón Grau y Omar Antonio Odriozola, fueron condenados a seis años y medio de prisión por encabezar una asociación ilícita dedicada a defraudar al Estado mediante maniobras fraudulentas con fondos públicos. La sentencia fue dictada el jueves 19 de junio por los jueces Celeste Minniti, Cecilia Labanca y Sebastián Szeifert, quienes de manera unánime también impusieron una inhabilitación de diez años para ejercer cargos públicos y una multa económica. La pena será efectiva cuando el fallo quede firme.
Un proceso judicial iniciado hace nueve años
El juicio marcó el cierre de un extenso proceso judicial iniciado en 2016, tras una denuncia presentada por Maximiliano Pullaro, entonces ministro de Seguridad. La investigación estuvo a cargo inicialmente del fiscal Roberto Apullán y luego fue continuada por Ezequiel Hernández y Bárbara Ilera, de la Unidad de Delitos Complejos del MPA. Ambos fiscales sostuvieron la acusación durante el juicio oral y se mostraron conformes con el veredicto, aunque evalúan apelar el monto de la pena, ya que habían solicitado nueve años de prisión, así como una reparación económica al Estado que fue desestimada por el tribunal.
La causa: una red de corrupción institucional
Grau y Odriozola fueron considerados jefes de una organización criminal compuesta por funcionarios policiales y civiles que simulaban reparaciones, acarreos de móviles y compras de repuestos para desviar fondos públicos. Según la acusación, Odriozola lideró la maniobra entre enero y agosto de 2015, generando un perjuicio de más de un millón de pesos. Grau continuó el esquema entre septiembre de 2015 y febrero de 2016, con un perjuicio superior a los 950 mil pesos. Estos montos, actualizados, ascienden hoy a cerca de 260 millones de pesos.
Nueve integrantes de la organización ya habían sido condenados antes del juicio a través de procedimientos abreviados, entre ellos Facundo Testi (considerado el organizador), Raúl Patriarca y Ariel Villanueva (exhabilitados), y José María Leiva (exjefe del Departamento de Logística, D4).
Un mecanismo aceitado de desvío de fondos
La maniobra consistía en emitir facturas falsas por reparaciones que nunca se realizaban o compras que no se concretaban. El proceso requería la firma del jefe policial (Odriozola o Grau) y la intervención del área de Logística. Testi, como organizador externo, coordinaba la creación de las facturas truchas, el cobro de los cheques y la distribución del dinero. Parte del efectivo llegaba directamente a los jefes policiales en sobres, y era repartido entre otros implicados.
Pruebas clave y testimonios comprometedores
La fiscalía presentó una amplia batería de pruebas, incluyendo:
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Pericias mecánicas: en siete de diez vehículos peritados no se encontraron rastros de las reparaciones facturadas.
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Casos emblemáticos: uno de ellos fue el del móvil 5622, asignado a la custodia del gobernador, que recibió facturaciones millonarias sin haber pasado por la Jefatura.
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Talleres sin condiciones: planos y fotografías mostraron que los talleres que emitían facturas carecían de infraestructura mínima.
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Dinero en mano: Villanueva, exhabilitado, relató que Grau y Odriozola recibían sobres con efectivo directamente de Testi.
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Comunicaciones interceptadas: conversaciones y mensajes demostraron vínculos estrechos entre los jefes y Testi, incluso en temas personales y de vehículos particulares.
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Designaciones funcionales: los jefes asignaban personal clave para facilitar las maniobras y removían obstáculos.
Testimonios fundamentales
Declaraciones de condenados que se acogieron a juicios abreviados fueron claves para probar el circuito delictivo. Patriarca, por ejemplo, detalló cómo entregaba sobres de dinero a Odriozola, quien le devolvía una parte para “sus gastos”. Villanueva aseguró que bajo ambas gestiones (Odriozola y Grau) el esquema operaba de forma idéntica, y que Grau decidió continuarlo pese a estar advertido. Leiva, exjefe del D4 bajo Grau, contó cómo fue presionado para firmar documentos tras los allanamientos al área logística.
Una estructura delictiva institucionalizada
La fiscalía calificó el entramado como una “asociación ilícita institucional”, argumentando que sin la intervención de Grau y Odriozola, las maniobras no habrían sido posibles. Ambos no solo omitieron controlar, sino que facilitaron, dirigieron y se beneficiaron del circuito fraudulento. Su participación fue indispensable: firmaban cheques, autorizaban gastos, y manipulaban el esquema desde lo más alto de la estructura policial.
El fallo representa un fuerte mensaje contra la corrupción institucional en las fuerzas de seguridad y deja un precedente relevante sobre las responsabilidades jerárquicas en el manejo de fondos públicos. Se espera que en los próximos días se conozcan los fundamentos completos del tribunal.