Maniobras ilegales con divisas: procesan en Santa Fe a tres empresarios por millonario caso de lavado de dinero

El Juzgado Federal N.º 1 de Santa Fe, bajo la dirección del juez Carlos Villafuerte Ruzo, dictó el procesamiento de tres empresarios en el marco de una causa por lavado de activos cuya suma supera los 1.810 millones de pesos. Dos de los involucrados fueron señalados como coautores del delito, mientras que el tercero fue imputado en calidad de instigador.

La resolución fue publicada por el sitio oficiales fiscales.gob.ar. La causa, que tiene una extensa trayectoria, es investigada actualmente por el fiscal Jorge Gustavo Onel, titular de la Unidad Fiscal Santa Fe.

La pesquisa gira en torno a una estructura de facturación falsa, adquisición de divisas a precio oficial y simulación de operaciones de importación. Estas maniobras culminaban con el envío de fondos al circuito legal mediante transferencias hacia empresas extranjeras con sede en diversos países, incluidos China, Hong Kong, Estados Unidos y España.

Una firma sin actividad real

De acuerdo con la investigación, los procesados operaban a través de una empresa sin actividad comercial concreta, cuyo nombre no fue revelado públicamente. Esta firma funcionaba como vehículo para recibir acreditaciones bancarias que, en total, superaban los 1.810 millones de pesos.

El origen de estos fondos provenía, en su mayoría, de empresas con CUIT inactivos, muchas de las cuales figuran en registros de la AFIP por realizar operaciones irregulares o utilizar comprobantes apócrifos. También se identificaron depósitos de entidades gestoras de fondos donde no se especificaba claramente la identidad de quien realizaba el ingreso.

El eje de la maniobra consistía en la compra de dólares en el mercado oficial infringiendo las normativas establecidas por el Banco Central.

Más de seis mil transacciones falsas

Los imputados no actuaron una única vez: según el expediente, realizaron 6.043 transferencias al exterior, por un total de 18.338.684 dólares y 12.000 euros. Los envíos se justificaron como pagos por importaciones que en realidad nunca se efectuaron.

El juez Villafuerte Ruzo explicó que todas estas operaciones se sustentaban en documentación adulterada: facturas comerciales manipuladas, declaraciones falsas de comercio exterior y justificativos ficticios.

“La maniobra investigada tenía como único propósito acceder a divisas al valor oficial, aprovechando la diferencia de cotización en un contexto de amplia brecha cambiaria, sin que existieran operaciones comerciales reales”, sostuvo el magistrado en su resolución.

Asimismo, explicó que los elementos presentados ante bancos y organismos de fiscalización —como facturas, declaraciones SIMI (Sistema Integral de Monitoreo de Importaciones) y otros documentos— carecían de correspondencia con hechos reales, y fueron utilizados para engañar al sistema aduanero y liberar divisas que luego eran remitidas al extranjero.

Una causa que comenzó en 2021

La investigación se inició en agosto de 2021 en el Juzgado Nacional en lo Penal Económico N.º 5, con intervención de la Fiscalía Nacional en lo Penal Económico N.º 7, a raíz de la denuncia de una empresa cuyos datos habían sido utilizados de manera fraudulenta en una factura comercial.

Posteriormente, el expediente fue remitido al fuero federal de Santa Fe por cuestiones de competencia.

En septiembre de 2024 se incorporó una nueva denuncia formulada por el jefe interino del Departamento de Fiscalización Externa de Valoración de la Dirección General de Aduanas (AFIP-DGA). En ella se advirtió que varios contribuyentes —entre ellos, la firma controlada por los imputados— realizaron giros de divisas al exterior por importaciones que nunca se concretaron o cuyos montos declarados eran muy superiores a los productos realmente ingresados al país.

Roles definidos

En ese contexto, el juez resolvió el procesamiento de los dos gerentes de la empresa como coautores de los delitos de operar en el mercado de cambios sin autorización, realizar operaciones cambiarias en forma ilegal y simular importaciones con el fin de obtener divisas.

Ambos también fueron procesados por el delito de lavado de activos, al introducir dinero de presunto origen ilícito en el circuito financiero legal mediante documentación apócrifa.

En cuanto al tercer imputado, fue procesado como instigador, ya que habría sido quien ideó la maniobra al gestionar inicialmente la adquisición de la sociedad utilizada como fachada. De acuerdo con la fiscalía, facilitó la estructura legal que permitió ejecutar el resto de las operaciones delictivas.

Continuarán en libertad, pero con restricciones

Aunque los tres acusados seguirán el proceso judicial en libertad, el juez estableció que deberán presentarse mensualmente ante el Juzgado y no podrán abandonar la provincia sin autorización previa. Además, ordenó un embargo preventivo sobre los bienes de cada uno hasta alcanzar la suma de 600 millones de pesos.

En contraste, el juez dictó la falta de mérito respecto de un contador que era investigado por haber confeccionado un balance falso de la empresa en 2020, cargar declaraciones juradas de IVA en 2021 desde su estudio contable y participar en la redacción del acta de cesión de cuotas sociales.

Según la resolución, las pruebas disponibles hasta el momento no alcanzan para confirmar su participación en los delitos imputados.

Un entramado financiero internacional

Según consta en el expediente, las divisas obtenidas mediante estas maniobras fueron canalizadas fuera del país. La mayoría de las transferencias tuvo como destino empresas radicadas en Estados Unidos, China, Hong Kong y, en un caso, España. Ninguna de estas operaciones fue respaldada por documentación genuina que justificara los movimientos de dinero.