El Gobierno avanza con una licitación para concesionar más de 4.400 kilómetros de rutas nacionales
El Ejecutivo nacional prepara una nueva etapa de concesiones viales que alcanzará ocho corredores estratégicos, incluyendo rutas que atraviesan las provincias de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba, San Luis y La Pampa. Se trata de la Etapa II de la Red Federal de Concesiones, que prevé la licitación nacional e internacional para delegar el mantenimiento y operación de 4.428,93 kilómetros de rutas.
La convocatoria formal se publicará en el Boletín Oficial en los próximos días, según confirmaron fuentes oficiales, y forma parte de una estrategia más amplia del Gobierno para desprenderse del mantenimiento directo de la red vial nacional. Esta red, compuesta por casi 9.200 kilómetros, representa el 20% de las rutas nacionales pero concentra el 80% del tránsito del país.
Los pliegos preliminares ya están disponibles, y se encuentran en proceso final de revisión legal por parte de la Secretaría de Transporte y la Secretaría Legal y Técnica de la Presidencia. Esta nueva etapa incluye corredores que actualmente están bajo la órbita de Corredores Viales S.A., pero también sumará rutas que no estaban concesionadas previamente, como la Ruta Nacional 33 (que recorre Santa Fe y Buenos Aires), la Ruta Nacional 35 (en Córdoba) y la Ruta Nacional 188 (entre Buenos Aires y La Pampa).
Esta segunda etapa es más compleja que la anterior, denominada “Ruta del Mercosur”, que sólo incluyó dos tramos y 741 kilómetros, y cuya licitación fue prorrogada recientemente hasta septiembre por pedido de empresas interesadas.
El nuevo esquema de concesión exige que las firmas adjudicatarias ejecuten obras de mejora estructural, rehabilitación de calzadas, iluminación, señalización, y estándares de seguridad. Además, deberán implementar tecnología de cobro electrónico de peajes mediante el sistema Free Flow, que eliminará las barreras físicas en las estaciones de peaje y se espera que funcione plenamente para mediados de 2027.
El modelo estipula obligaciones contractuales precisas, mecanismos de auditoría estatal, y un sistema de control de inversiones. A su vez, el Decreto N° 97/2025 proporciona el marco legal para avanzar con esta licitación: habilita la privatización de los corredores viales incluidos, la extinción de los contratos vigentes y la disolución de Corredores Viales S.A.
La licitación exigirá a las empresas interesadas la presentación de antecedentes técnicos, financieros y administrativos, además de garantías específicas para asegurar el cumplimiento del contrato y la correcta ejecución de las obras previstas.
El proceso es liderado por el Ministerio de Economía, en conjunto con la Agencia de Transformación de Empresas Públicas, a cargo de Diego Chaher. Según el Gobierno, el objetivo es transitar hacia un modelo basado en la concesión y la tercerización, reemplazando la ejecución directa de obra pública. En este nuevo esquema, el rol estatal quedará enfocado en la planificación, fiscalización y gestión de contratos viales.
En paralelo, continúa vigente la medida cautelar dictada por la jueza Martina Forns, que suspendió el Decreto 461 del presidente Javier Milei, con el que se había disuelto la Dirección Nacional de Vialidad. El Gobierno justificó esa decisión al señalar que existía un solapamiento con funciones de la Secretaría de Transporte que provocaba una “desarticulación operativa” dentro del esquema estatal.