Hasta el momento, según fuentes del Ministerio de Economía provincial, unos 5.500 contribuyentes realizaron el trámite ante la Administración Provincial de Impuestos (API) y abonaron el tributo correspondiente para quedar exceptuados de eventuales reclamos fiscales por parte del organismo recaudador santafesino sobre los activos regularizados.
El “tapón fiscal” es una figura incluida en la Ley Tributaria N° 14.386, sancionada en diciembre de 2024 por la Legislatura provincial. Su propósito es otorgar seguridad jurídica a quienes blanquearon bienes a través del régimen nacional previsto en la Ley Bases, evitando que sean alcanzados por impuestos provinciales relacionados con esos activos.
Sin embargo, este beneficio no es gratuito. La normativa santafesina impone un impuesto especial del 2% sobre los activos exteriorizados que superen los 100.000 dólares. Los fondos recaudados se destinan a incentivar a quienes cumplieron regularmente con sus obligaciones tributarias, en un intento por equilibrar las condiciones entre cumplidores e incumplidores.
El titular del Ministerio de Economía, Pablo Olivares, defendió la medida al señalar: “Lo normado en la ley provincial nos permite brindar una seguridad jurídica, sin dejar de ser justos con los contribuyentes cumplidores”. Además, destacó que Santa Fe habilitó esta opción para permitir que quienes adhirieron al blanqueo nacional también puedan acceder a un esquema similar a nivel provincial.
La Ley Tributaria 14.386 estableció cuatro principios para la adhesión al régimen:
Compatibilidad con la política de seguridad provincial.
Carácter excepcional de la medida para quienes incumplieron deberes fiscales.
Cumplimiento pleno de las obligaciones tributarias restantes.
Ecuanimidad con los contribuyentes que fueron cumplidores.
La API ya había otorgado dos prórrogas para facilitar la adhesión y el pago del impuesto especial en el marco del cronograma de vencimientos, pero con el fin de julio, se cierra definitivamente esta posibilidad.
En paralelo, este miércoles se llevó a cabo un operativo conjunto de seguridad en el límite entre Santa Fe y Córdoba, sobre la Ruta Nacional 19. Fue encabezado por los ministros Pablo Cococcioni (Santa Fe) y Juan Pablo Quinteros (Córdoba), en el marco de la Comunidad Regional Interprovincial de Seguridad impulsada por los gobernadores Maximiliano Pullaro, Martín Llaryora y Rogelio Frigerio.
Participaron fuerzas policiales de ambas provincias, junto con Gendarmería, Policía Federal y fuerzas locales. El despliegue se realizó en las localidades de San Francisco (Córdoba) y Frontera y Josefina (Santa Fe), con presencia de autoridades comunales y municipales.