La Justicia admitió a la Provincia como querellante en la causa contra Marcelo Sain por la compra de armas
La decisión fue tomada por el juez Octavio Silva, en el marco de una audiencia en la que participaron el fiscal Ezequiel Hernández, la defensa de Sain y de otros exfuncionarios imputados, junto a representantes de Fiscalía de Estado. Con esta resolución, la Provincia se suma al proceso como posible víctima de los delitos que se investigan.
Las pesquisas comenzaron en 2021 y derivaron en imputaciones por negociaciones incompatibles con la función pública y tentativa de defraudación al Estado contra el exministro Sain; el exsecretario de Seguridad Pública, Germán Montenegro; y el exsecretario de Coordinación Técnica y Administrativa, Maximiliano Novas.
Embargos y acusación de maniobras fraudulentas
En mayo de 2022, la Justicia dictó embargos por 100.000 dólares a cada uno de los imputados y les prohibió acercarse a testigos y denunciantes. Según la Fiscalía, desde el Ministerio de Seguridad se habría intentado favorecer a la firma Emprendimientos Grupo Patagónico SRL, representante de una empresa israelí y única proveedora del equipamiento que se buscaba adquirir. La compañía también fue imputada en el expediente como persona jurídica.
La licitación pública 11/2021 contemplaba una compra por 17,1 millones de dólares. Los investigadores señalaron que, de haberse concretado, el perjuicio al erario provincial hubiera oscilado entre 2,8 y 8,2 millones de dólares. Distintas pericias incorporadas en 2024 estimaron que el posible fraude rondaría los 9 millones de dólares.
Pedido de elevación a juicio
En octubre de 2024, el fiscal Hernández solicitó la elevación a juicio de la causa y adelantó que pedirá para Sain una pena de cinco años de prisión efectiva, inhabilitación perpetua para ocupar cargos públicos y el pago de una multa.