Emergencia en Discapacidad: el Gobierno promulgó la ley pero suspendió su aplicación

El Poder Ejecutivo promulgó la Ley 27.793 de Emergencia Nacional en Discapacidad, pero al mismo tiempo anunció que su ejecución queda suspendida hasta que el Congreso incorpore fuentes de financiamiento en el Presupuesto 2026.

La medida se formalizó a través del Decreto 681/2025, que cita el artículo 5° de la Ley 24.629 —toda norma con gasto debe esperar hasta que se incluyan las partidas correspondientes— y el artículo 38 de la Ley 24.156, que obliga a precisar el origen de los fondos.

El Gobierno recordó que el proyecto de Presupuesto fue enviado al Parlamento el 15 de septiembre, y señaló que allí debe definirse la asignación de recursos. La ley había sido vetada en agosto mediante el Decreto 534/25, pero el Congreso insistió y el 8 de septiembre volvió al Ejecutivo para su promulgación.

Qué dispone la ley

La emergencia en discapacidad regirá hasta el 31 de diciembre de 2026 (con posibilidad de prórroga por un año). Entre sus principales medidas:

• Nueva Pensión No Contributiva (PNC) por Discapacidad para Protección Social: equivalente al 70 % del haber mínimo, con movilidad previsional y compatibilidad con empleo hasta dos salarios mínimos. La prestación se suspende automáticamente si se supera el tope, y se rehabilita de inmediato. Las PNC vigentes se convertirán de oficio.

• Cobertura de salud garantizada a través del Programa Incluir Salud y de las prestaciones de la Ley 24.901.

• Compensación de emergencia a prestadores por la brecha entre aranceles e inflación (diciembre 2023–diciembre 2024), junto con la fijación de aranceles únicos con movilidad mensual según el Decreto 274/24 o el que lo sustituya.

• Beneficios laborales: ampliación a tres años de la exención del 50 % en contribuciones patronales para empleadores que contraten personas con discapacidad.

• Fortalecimiento de la ANDIS: mejoras en la gestión del Certificado Único de Discapacidad (CUD), auditorías con debido proceso inclusivo e informes anuales de ejecución.

El costo fiscal

El propio Ejecutivo calculó que para 2025 se necesitarían $3,019 billones (0,35 % del PBI) para ejecutar la ley. Desglosado:

• PNC por Discapacidad: $2,166 billones (0,26 % del PBI).

• Programa Incluir Salud: $574.200 millones (0,07 % del PBI).

• Compensación a prestadores (art. 13): $278.323 millones (0,03 % del PBI).

Para 2026, el costo se duplicaría a $4,706 billones (0,47 % del PBI). En contraste, el crédito disponible sin afectar otros servicios sociales es de $2,3 billones, insuficiente para cubrir la totalidad de la ley.

Qué queda en suspenso

Hasta que el Congreso apruebe las partidas correspondientes, quedan frenadas:

• Las altas y conversiones de la nueva PNC, junto con su compatibilidad laboral.

• La compensación a prestadores por la brecha arancel–inflación y la movilidad mensual de aranceles.

• La incorporación de beneficiarios a Incluir Salud vinculada a la nueva pensión.

• El despliegue operativo de la ANDIS para auditorías y metas de transparencia.