El Gobierno santafesino refuerza el presupuesto del MPA para aplicar el nuevo sistema penal juvenil y combatir delitos graves
La provincia destinará $1.120 millones al Ministerio Público de la Acusación para poner en marcha el nuevo Código Procesal Penal Juvenil y para abordar casos de microtráfico y violencia de alto impacto. El 21 de junio marca una fecha clave para el nuevo sistema.
Mediante dos decretos firmados el pasado viernes 9 de mayo, el Poder Ejecutivo de Santa Fe destinó un refuerzo presupuestario de $1.120 millones al Ministerio Público de la Acusación (MPA). El objetivo es doble: garantizar la implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil, que entrará en vigencia el próximo 21 de junio, y profundizar las políticas de persecución del microtráfico y de delitos considerados de violencia altamente lesiva.
Los decretos, numerados 0890 y 0897, llevan las firmas del gobernador Maximiliano Pullaro y de los ministros Pablo Cococcioni (Justicia y Seguridad) y Pablo Olivares (Economía). El primero destina $800 millones a cubrir los costos vinculados con la justicia penal juvenil; el segundo, $320 millones orientados a reforzar investigaciones sobre delitos graves.
La fiscal general María Cecilia Vranicich había solicitado previamente estas partidas, especialmente en vista de la entrada en vigor de la Ley N.º 14.228, que establece el nuevo proceso penal para adolescentes menores de 18 años penalmente imputables. Dicha ley fue sancionada en noviembre de 2023, durante la gestión de Omar Perotti, y su aplicación fue prorrogada por el actual gobernador hasta el 21 de junio de 2024 mediante un veto parcial con texto alternativo.
Con la implementación de la nueva normativa, la investigación de los delitos juveniles quedará a cargo del MPA, como sucede con el resto del sistema penal, y también participará la Defensa Pública. Se prevé la reorganización completa del sistema, tanto en términos de infraestructura como de recursos humanos.
El plan contempla que la nueva justicia penal juvenil funcione en nueve ciudades donde actualmente existen juzgados de Menores: Santa Fe, Rosario, Reconquista, Villa Constitución, San Lorenzo, Tostado, Venado Tuerto, Casilda y Rafaela. En seis de estos lugares ya están en marcha procesos licitatorios para alquilar inmuebles donde se establecerán las nuevas oficinas fiscales. Las inversiones también incluyen equipamiento básico como mobiliario, computadoras, impresoras y conexiones a internet.
En cuanto al personal, el traspaso de competencias también implica que 96 cargos judiciales pasarán del Poder Judicial al MPA, entre ellos secretarios, empleados administrativos y otros funcionarios. De esos puestos, 14 se encuentran vacantes. El artículo 65 de la ley establece que todos los juzgados de Primera Instancia de Menores y los órganos relacionados con esa competencia quedarán disueltos al momento de la entrada en vigencia de la nueva normativa. Todos los cargos, ocupados o vacantes, se transferirán al nuevo esquema judicial junto con las partidas presupuestarias correspondientes.
La transformación institucional también requiere la designación de fiscales especializados en justicia penal juvenil. Para ello, el Poder Ejecutivo deberá enviar a la Legislatura una serie de pliegos con propuestas avaladas por la Corte Suprema de Justicia en una acordada previamente consensuada con autoridades del MPA y del Ministerio de Justicia y Seguridad. Entre los propuestos figuran actuales secretarios y asesores de Menores de distintos distritos judiciales, como Rosario, San Lorenzo, Venado Tuerto, Rafaela, Reconquista y Tostado.
El artículo 3 del nuevo Código Penal Juvenil establece principios rectores como la reintegración social del menor infractor, la reparación del daño y la promoción del diálogo y la mediación como vías de resolución de conflictos. Se priorizarán las medidas no punitivas y la desjudicialización del conflicto, siempre resguardando los derechos de las víctimas.
La entrada en vigor de este sistema representa una transformación estructural del abordaje penal juvenil en la provincia. Para ello, el Poder Ejecutivo, la Corte Suprema, el MPA y los ministerios de Justicia, Seguridad e Igualdad y Desarrollo Humano vienen realizando reuniones periódicas con el objetivo de coordinar la puesta en marcha de este nuevo paradigma, que demandará recursos materiales, humanos y una mirada interdisciplinaria centrada en los derechos y la responsabilidad de los jóvenes en conflicto con la ley.