Dólares en el colchón: Santa Fe apoya la flexibilización nacional, pero activará su Ley de Inteligencia provincial

Pocas horas después del anuncio del Gobierno nacional respecto a un paquete de medidas tendientes a facilitar el movimiento de dólares o pesos no declarados por parte de contribuyentes, el Gobierno de la provincia de Santa Fe expuso públicamente su postura: si bien se comparte la necesidad de aliviar los controles excesivos sobre el uso del dinero por parte de la ciudadanía, se implementarán herramientas específicas para evitar que este nuevo escenario beneficie a organizaciones vinculadas al delito.

En una conferencia de prensa, autoridades provinciales confirmaron que no se recurrirá al sistema de información tributaria Arca ni a los movimientos bancarios de personas bajo sospecha, sino que se apelará a instrumentos previstos por la Ley de Inteligencia y Análisis para la Prevención del Delito, sancionada el 28 de diciembre de 2023, en los primeros días de la gestión del gobernador Maximiliano Pullaro. Esta normativa convirtió a Santa Fe en la primera provincia del país en contar con una legislación propia en materia de inteligencia criminal.

El ministro de Economía de Santa Fe, Pablo Olivares, fue contundente: “Actuaremos a partir de información criminal sobre personas sospechosas y también sobre sus vínculos de parentesco, amistad o frecuencia. Nos basaremos en información de inteligencia criminal”.

Un comité para bloquear operaciones delictivas

El funcionario confirmó que se trabaja en la redacción de un decreto que dispondrá la creación de un Comité de Bloqueo Económico. Su objetivo será impedir el movimiento de fondos de grupos delictivos e, incluso, restringir el acceso a servicios esenciales como energía eléctrica o comunicaciones a personas bajo sospecha.

“Estamos de acuerdo en que debe eliminarse la maraña de regímenes de información que convertían cada transacción en un trámite eterno. Desde ese punto de vista, el paquete nacional tiene lógica. Pero nosotros, como provincia, debemos ocuparnos de las minorías peligrosas vinculadas a economías delictivas”, argumentó Olivares. Y agregó: “No se trata de pedir información a todos los organismos por cada movimiento; se trata de actuar con inteligencia criminal sobre indicios firmes”.

A partir de esos indicios –señaló el ministro– se requerirá información patrimonial o de movimientos económicos. “Y si aparecen volúmenes significativos de dinero manejados por estas personas o sus entornos, se procederá al bloqueo económico.”

¿Qué implica un “bloqueo económico”?

Olivares detalló que estas medidas pueden incluir la imposibilidad de realizar compras de inmuebles o vehículos, así como también limitar el acceso a servicios como energía eléctrica. “Tenemos competencia para tomar estas decisiones. Podemos dejar sin suministro eléctrico a la persona sospechada, a su familia o a su entorno. Se trata de un abanico de herramientas orientadas a generar un cerco económico disuasivo”.

Consultado sobre cómo se identifica a estas personas sin acceder a los datos del sistema Arca o de los bancos, el ministro explicó: “La Ley de Inteligencia nos permite trabajar con información de campo, aportes de informantes o análisis de vínculos. No se trata solo del autor material del delito, sino de todo el entramado. Vamos a mirar a quien aparece como socio, pariente, amigo o contacto frecuente”.

Restricciones amplias, bajo control estatal

Entre las medidas que se podrán implementar, Olivares mencionó la imposibilidad de realizar operaciones en bancos, concesionarias, escribanías, inmobiliarias, líneas telefónicas u otros servicios. “La Provincia pedirá que no se los habilite, hasta tanto el Comité de Bloqueo Económico lo autorice”, enfatizó.

Respecto a la creación formal de este Comité, el ministro señaló que el decreto se encuentra en proceso de finalización. El organismo estará liderado por la Dirección de Inteligencia Criminal, dependiente del Ministerio de Seguridad, y contará con la colaboración de distintas áreas del gobierno provincial con competencias en materia patrimonial y de control económico.

Asimismo, se prevé la utilización de información de bases de datos públicas y privadas, así como la articulación con organismos como el Banco Central de la República Argentina, la Unidad de Información Financiera (UIF), la Comisión Nacional de Valores, la Dirección Nacional de Migraciones, el propio sistema Arca, y cualquier entidad que pueda aportar datos relevantes o actuar a requerimiento del Estado santafesino.

Más allá del narcotráfico

Consultado sobre si esta política se aplicará exclusivamente a casos relacionados con el narcotráfico, Olivares fue categórico: “El lavado de dinero no siempre tiene fines fiscales. En general, responde a la necesidad de dar apariencia lícita a actividades ilícitas. Si bien el narcotráfico es una de nuestras principales preocupaciones, cualquier vínculo con economías criminales formará parte del proceso de bloqueo económico”.

Con esta medida, Santa Fe busca marcar un límite claro: acompañar las reformas que alivian el control financiero sobre los ciudadanos, pero sin ceder terreno ante las organizaciones delictivas. Y en ese camino, su herramienta será la inteligencia.