El Gobierno oficializó un nuevo avance hacia la privatización de AySA y habilitó el corte del servicio por falta de pago
A través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), el Gobierno nacional habilitó al Estado a vender parcial o totalmente su participación en la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AySA), y estableció que la compañía podrá interrumpir el suministro de agua potable y cloacas en caso de falta de pago. El decreto, que modifica el marco regulatorio vigente para la prestación del servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), fue publicado este martes en el Boletín Oficial y lleva las firmas del presidente Javier Milei y de todo su gabinete.
La medida actualiza el régimen normativo de la empresa y reemplaza más de 100 artículos del marco anterior. Entre los cambios, se encuentra la modificación del artículo 2° del Decreto N° 304/06, que determinaba que el 90% del capital de AySA debía permanecer bajo control estatal, y que prohibía su transferencia. El nuevo texto considera que estas disposiciones impedían el ingreso de capital privado y obstaculizaban la adecuación de la compañía a los nuevos objetivos de gestión y eficiencia propuestos por la actual administración.
Según el DNU, la normativa vigente fue pensada para una empresa con gestión estatal, y no contempla las condiciones necesarias para fomentar inversiones y expandir el servicio. “El diseño del régimen vigente no se ajusta a las necesidades actuales de expansión, sostenibilidad y eficiencia que la prestación del servicio requiere”, señala el decreto, que justifica los cambios en el contexto de crisis económica que, argumenta, limita la capacidad del Estado para sostener y mejorar la infraestructura.
El Gobierno también remarcó que, entre 2006 y 2023, el Tesoro Nacional transfirió a AySA unos 13.400 millones de dólares. A pesar de ese respaldo, sostiene que se produjo un deterioro operativo y financiero, con baja productividad laboral y aumento de costos. “Resulta indispensable adoptar medidas inmediatas para garantizar mejoras en la prestación del servicio sin poner en riesgo su continuidad”, señala el texto oficial.
El viernes pasado, ya se había anunciado el inicio del proceso de privatización de AySA. La idea es incorporar capital privado mediante la transferencia del 90% de las acciones, actualmente en manos del Estado. Según explicó el vocero presidencial, Manuel Adorni, el objetivo es recaudar cerca de 500 millones de dólares, en línea con el valor estimado de la empresa luego del juicio por la reestatización.
AySA, al igual que YPF, es una sociedad anónima en la que el Estado es el accionista mayoritario. Ahora se abrirá una licitación pública nacional e internacional para entregar al menos el 51% del paquete accionario a un nuevo operador privado. El restante 39% podrá ser absorbido por el mismo operador o ser ofrecido en la Bolsa. Este proceso se desarrollará a lo largo del segundo semestre de 2025, y se prevé que la adjudicación se concrete en la primera mitad de 2026.
Cabe recordar que AySA forma parte del grupo de ocho empresas públicas que la Ley Bases, sancionada en julio de 2024, declaró susceptibles de ser privatizadas. En esa lista también figuran Enarsa, Intercargo, Trenes Argentinos, Belgrano Cargas, Corredores Viales, Nucleoeléctrica Argentina y Yacimientos Carboníferos Río Turbio.
El DNU ya se encuentra vigente y fue remitido a la Comisión Bicameral Permanente del Congreso, que deberá pronunciarse sobre su validez o invalidez. Esta comisión tiene un plazo de 10 días hábiles para elevar un dictamen al plenario de ambas cámaras legislativas.