Diputados tratará una nueva ley de jubilaciones y discapacidad mientras el Gobierno anticipa un posible veto por falta de recursos

A casi un año del primer intento por modificar la fórmula de movilidad jubilatoria, la Cámara de Diputados de la Nación volverá a debatir el tema este miércoles 4 de junio, a partir del mediodía. La sesión fue convocada a solicitud de bloques opositores y confirmada por el presidente del cuerpo, Martín Menem. En aquella oportunidad, la Cámara baja logró aprobar, con 160 votos afirmativos, 72 negativos y 8 abstenciones, un proyecto que modificaba el cálculo de los haberes previsionales. Sin embargo, esa iniciativa, que más tarde fue convertida en ley por el Senado, terminó vetada por el presidente Javier Milei a través de un decreto.

El escenario de este año se presenta con características similares. Nuevamente, un sector mayoritario de la oposición impulsa una batería de propuestas para mejorar los ingresos de jubilados, pensionados y personas con discapacidad. Entre los proyectos que se pondrán en consideración figura un incremento excepcional y de emergencia del 7,2% en los haberes que abona la ANSES, así como modificaciones al Plan de Pago de Deuda Previsional.

Otro punto clave que se debatirá es la declaración de la Emergencia en Discapacidad en todo el país, con vigencia hasta el 31 de diciembre de 2027. Esta iniciativa, que ya cuenta con dictamen favorable, fue elaborada tras intensas gestiones de organizaciones sociales, profesionales y familiares, quienes reclaman una atención urgente ante la crisis de prestaciones y falta de cobertura.

Pese a la expectativa que genera el tratamiento legislativo, desde el Gobierno Nacional ya se pronunciaron en contra. El jefe de Gabinete, Guillermo Francos, ratificó en reiteradas declaraciones que la administración de Milei no cuenta con los recursos para afrontar nuevas erogaciones en el sistema previsional. Incluso advirtió que, de aprobarse alguno de los proyectos, el Ejecutivo los vetará.

“El Estado no tiene recursos disponibles, y en especial el sistema jubilatorio se encuentra en una situación crítica. Hoy existe una relación de apenas un trabajador y medio en actividad por cada jubilado, lo que lo vuelve insostenible”, sostuvo Francos este lunes. Además, argumentó que “por más que se propongan aumentos de partidas, si no hay financiamiento posible, no se puede aprobar una ley así. Si lo hacen, el Poder Ejecutivo la va a vetar”.

El funcionario también hizo hincapié en que antes de pensar en incrementos o reformas previsionales debería avanzarse en cambios estructurales. “Hace falta una reforma laboral que permita aumentar el número de trabajadores activos. La proporción razonable internacionalmente es de cuatro trabajadores por cada jubilado. Eso no va a lograrse de inmediato, pero sin eso, el sistema es inviable”, señaló. A la vez, mencionó que también será necesario encarar una reforma tributaria en el futuro.

Mientras tanto, diferentes sectores sociales convocan a una nueva movilización frente al Congreso, prevista para el mismo miércoles. A las tradicionales columnas de jubilados y pensionados se sumarán representantes de colectivos que luchan por los derechos de las personas con discapacidad, científicos que denuncian el vaciamiento del sistema de investigación, personal del Hospital Garrahan que exige una recomposición salarial urgente, y agrupaciones feministas que conmemorarán los diez años de la primera marcha de “Ni una Menos”.

La jornada promete ser intensa no sólo dentro del recinto legislativo sino también en las calles, con una amplia participación de organizaciones sociales y sindicales.

Además de las iniciativas vinculadas a jubilaciones y discapacidad, la sesión incluirá el tratamiento de proyectos para declarar zona de emergencia ambiental, hídrica, social y productiva a varios distritos bonaerenses que fueron gravemente afectados por las inundaciones del 16, 17 y 18 de mayo. Se espera que estas propuestas obtengan consenso, aunque el foco principal del debate estará puesto en la pulseada previsional y en las posibles consecuencias de un nuevo veto presidencial.