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Qué plataformas estarán alcanzadas
El nuevo tributo impactará en empresas que prestan servicios digitales dentro del territorio santafesino, incluyendo tanto aquellas que ofrecen contenidos por suscripción como las que intermedian en la venta de productos o servicios.
Entre las primeras se encuentran plataformas como Netflix y Spotify, que deberán tributar una alícuota del 3%. Esto incluye servicios de streaming de música, video y otros contenidos pagos, que están inscriptos como prestadores de servicios desde el exterior o a través de agentes locales.
Por otra parte, se aplicará una alícuota más elevada del 4,5% para los ingresos generados por otras aplicaciones de intermediación comercial, como las de transporte, mensajería, delivery o reservas, por ejemplo Uber, Pedidos Ya, entre otras. Esta categoría abarca tanto a empresas nacionales como internacionales que operan en la provincia a través de plataformas web o apps móviles.
Objetivo y alcance de la medida
Según lo establece la resolución oficial, esta iniciativa tiene por objetivo ampliar la base tributaria y adecuar el sistema impositivo a las nuevas modalidades de consumo digital que han crecido significativamente en los últimos años. La medida busca también equiparar las condiciones fiscales entre prestadores locales y servicios digitales que operan a distancia sin presencia física en Santa Fe.
Desde la API indicaron que las empresas alcanzadas por la resolución deberán tributar en función de los ingresos obtenidos por las operaciones efectuadas en la provincia. El mecanismo de cobro y los agentes de retención serán definidos en una reglamentación complementaria que se conocerá en los próximos días.
Un cambio en el consumo digital
La decisión impactará directamente en millones de usuarios que utilizan servicios digitales a diario en Santa Fe. Aunque el impuesto no se traslada automáticamente al precio final, es habitual que las empresas ajusten sus tarifas para absorber la carga fiscal, por lo que no se descartan subas en las cuotas o precios de servicios a partir del segundo semestre del año.
Esta medida se suma a iniciativas similares que ya aplican otras jurisdicciones del país, en el marco de una tendencia de los fiscos provinciales a gravar la economía digital con criterios de territorialidad.