Del total alcanzado, 45.783 agentes educativos no tuvieron ninguna ausencia, mientras que 5.465 registraron una sola. La inversión destinada al pago de este reconocimiento mensual asciende a $5.727.563.493.
En simultáneo, también se abonará el premio trimestral correspondiente a los meses de abril, mayo y junio. En este caso, serán 36.706 los beneficiarios, de los cuales 29.776 no registraron faltas y 6.930 tuvieron una sola ausencia. Para esta instancia, el Gobierno provincial destinará un total de $5.759.710.216.
Cabe destacar que, en el mes de junio, se aplicó un incremento del 8% en los montos del programa, lo que elevó significativamente las cifras de los incentivos. Con el aumento, un docente con cargo directivo o de supervisión sin inasistencias en junio recibirá $180.422; en tanto que un docente con hasta 352 puntos cobrará $90.211, un docente con jornada completa percibirá $135.317, mientras que la hora cátedra en nivel superior se abonará a $7.519 y en otros niveles a $6.015.
Quienes hayan tenido una única ausencia en el mes recibirán $90.211 si poseen cargo directivo o de supervisión, $45.106 si tienen hasta 352 puntos, $67.659 en régimen de jornada completa, $3.759 por hora cátedra en nivel superior y $3.007 en otros niveles.
Respecto al premio trimestral, los montos sin inasistencias quedaron fijados en $270.320 para cargos directivos o de supervisión, $135.317 para cargos de hasta 352 puntos, $202.976 para jornada completa, $11.277 por hora cátedra de nivel superior y $9.022 en otros niveles. Para quienes registraron una falta en el trimestre, el incentivo será de $135.160, $67.659, $101.488, $5.639 y $4.511 respectivamente.
Asistencia Perfecta es un programa implementado por el Estado santafesino que otorga un incentivo económico mensual y otro trimestral a los trabajadores de la educación que mantengan una asistencia constante. Se trata de una política orientada a disminuir los índices de ausentismo en las escuelas, promoviendo así la continuidad pedagógica y el derecho efectivo de los estudiantes a recibir educación de calidad.
El decreto que establece el programa señala que el Estado debe garantizar la igualdad en el acceso a la educación, adoptando medidas para evitar toda forma de discriminación, marginación o exclusión derivada de factores sociales, económicos, culturales o geográficos que afecten el pleno ejercicio del derecho a aprender.