El Senado rechazó el veto de Milei y convirtió en ley la Emergencia en Discapacidad
En una dura derrota para la Casa Rosada, el Senado de la Nación dejó sin efecto el veto total del presidente Javier Milei a la Ley de Emergencia en Discapacidad. Con una contundente mayoría de 63 votos a favor y solo 7 en contra, la oposición logró imponer su postura y obligó al Poder Ejecutivo a promulgar la norma.
Una votación histórica
La sesión marcó un hecho político de gran relevancia: desde 2003 no se registraba un revés parlamentario tan significativo para un gobierno nacional. En aquel entonces, durante la transición de Eduardo Duhalde, el Congreso también había rechazado un veto total.
En esta oportunidad, el interbloque peronista, junto con la UCR, el PRO y fuerzas provinciales, conformó la mayoría que avaló la ley. Del lado oficialista, únicamente la senadora del PRO Carmen Álvarez Rivero y Francisco Paoltroni respaldaron el veto presidencial.
El resultado dejó en claro el aislamiento del Ejecutivo frente a un tema considerado de alto consenso social y político: garantizar derechos y asistencia a las personas con discapacidad.
Alcances de la nueva ley
La norma aprobada establece la emergencia en Discapacidad hasta el 31 de diciembre de 2026, con posibilidad de prórroga hasta 2027. Entre sus principales disposiciones se destacan:
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Asignación por invalidez: las 200.000 personas que hoy perciben este beneficio verán un incremento en su haber, que pasará a representar el 70% del haber mínimo jubilatorio.
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Compatibilidad con el trabajo: los beneficiarios podrán continuar desarrollando actividades laborales, siempre que sus ingresos no superen el equivalente a dos salarios mínimos.
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Apoyo a talleres y programas: se prevé la actualización de prestaciones y asignaciones destinadas a talleres y espacios de formación para personas con discapacidad, con el objetivo de fortalecer su inclusión social y laboral.
Impacto económico
De acuerdo con estimaciones de la Oficina de Presupuesto del Congreso, la aplicación de esta ley representará un gasto adicional de entre 0,22% y 0,42% del PBI. Aunque implica un esfuerzo fiscal, los legisladores que respaldaron la iniciativa remarcaron que la inversión es fundamental para mejorar la calidad de vida de un sector históricamente postergado.
Repercusiones políticas
Para el oficialismo, la votación significó un duro golpe en el Senado, donde volvió a evidenciarse la debilidad de su bloque y la dificultad para sostener sus vetos frente a la presión de la oposición. Para la oposición, en cambio, la sesión dejó una señal de unidad frente a un tema sensible, logrando consolidar un amplio apoyo a favor de las políticas de inclusión.
Con esta decisión, el Congreso aseguró la promulgación de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que ahora deberá ser puesta en marcha por el Ejecutivo nacional.