Juicio a las Juntas Militares: 40 años de un proceso judicial histórico

Con el regreso a la democracia bajo el gobierno de Raúl Alfonsín, apoyado por organismos de Derechos Humanos y sectores políticos, se decidió llevar ante la justicia a los máximos responsables de la dictadura militar. Fueron juzgados los comandantes de las tres primeras Juntas Militares que estuvieron al frente del país entre 1976 y 1983, periodo en el que se cometieron graves violaciones a los derechos humanos, como desapariciones forzadas, torturas, asesinatos y apropiación de menores, todo ello dentro de un plan sistemático de represión ilegal.

Durante el juicio, se realizaron 839 testimonios de víctimas, familiares, testigos, sacerdotes, militares y exmilitares, lo que resultó en un total de 530 horas de audiencias. Fue un proceso judicial que no solo involucró a los afectados directamente, sino que también despertó un fuerte compromiso social y cívico. Más de 60.000 personas se movilizaron durante el juicio, exigiendo justicia al grito de “juicio y castigo a todos los culpables”, manifestación que se repitió a lo largo de las audiencias.

La apertura de este proceso fue respaldada por diversas organizaciones de Derechos Humanos, como Madres y Abuelas de Plaza de Mayo, la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos, y el Centro de Estudios Legales y Sociales, entre otras. Dichos organismos difundieron un comunicado que destacaba la relevancia del juicio y su importancia para el país.

El juicio se llevó a cabo bajo las normas de la justicia civil y militar, a cargo de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal. El fiscal Julio César Strassera y su adjunto Luis Moreno Ocampo fueron los encargados de la acusación, mientras que las víctimas solo intervinieron como testigos. En cuanto a los acusados, la mayoría fue defendida por estudios jurídicos privados, excepto Jorge Rafael Videla, quien eligió la defensa oficial gratuita.

Se estudiaron más de 700 casos paradigmáticos de los crímenes perpetrados por el Estado, los cuales demostraron que los responsables intentaban, mediante métodos clandestinos, asegurar la impunidad de sus crímenes.

El 9 de diciembre de 1985, la sentencia final llegó. El tribunal condenó a cinco de los nueve enjuiciados, imponiendo penas que iban desde los cuatro años hasta la prisión perpetua:

• Jorge Rafael Videla: condenado a prisión perpetua por múltiples homicidios, torturas y apropiación de menores.

• Emilio Eduardo Massera: también condenado a prisión perpetua, con cargos similares.

• Orlando Ramón Agosti: sentenciado a 4 años y 6 meses de prisión.

• Roberto Viola: recibió 17 años de prisión por privaciones ilegítimas de libertad y torturas.

• Armando Lambruschini: condenado a ocho años por torturas y privaciones ilegítimas de libertad.

Otros acusados fueron absueltos, como Omar Rubens Graffigna, quien fue condenado en juicios posteriores por secuestros y torturas. Leopoldo Galtieri también fue absuelto, aunque luego fue condenado por su actuación en la Guerra de Malvinas y murió antes de ser juzgado por crímenes de lesa humanidad. Jorge Anaya y Basilio Lami Dozo también fueron absueltos de culpa y cargo en este juicio.

El Juicio a las Juntas no solo marcó un precedente legal, sino que también cimentó la memoria colectiva de un pueblo que sigue luchando por justicia.