La Policía de Rosario, intervenida por corrupción

Una investigación por desvío de fondos públicos en la compra de combustible para patrulleros y motos derivó en la intervención por 90 días de la Unidad Regional II (URII) de la Policía de Santa Fe, con asiento en Rosario. La medida fue tomada por el Ministerio de Justicia y Seguridad provincial, tras una serie de procedimientos ordenados por el fiscal José Luis Caterina, de la Oficina de Violencia Institucional del Ministerio Público de la Acusación (MPA), que investiga maniobras sistemáticas de corrupción dentro de la estructura policial. Hasta el momento, se registran 17 detenidos —13 policías y 4 civiles— y se ejecutaron 38 allanamientos, de los cuales al menos la mitad seguían en curso este martes.

La investigación judicial comenzó en julio de 2024 y se centró en el circuito de provisión de combustibles para los móviles policiales, un sistema que ya había sido modificado entre 2015 y 2019 por sospechas de corrupción, reemplazando los antiguos vales por el sistema de tarjetas Visa Flota. Sin embargo, según explicó el secretario de Seguridad Pública, Omar Pereyra, el mecanismo fue nuevamente vulnerado: “Había vehículos que cargaban 10 litros y se les facturaban entre 20 ó 30 litros”, detalló en declaraciones a Río Noticias. En este esquema también están involucrados dueños y encargados de estaciones de servicio, particularmente una ubicada en Ovidio Lagos al 3900, que habría sido clave para concretar la sobrefacturación.

Durante una conferencia de prensa brindada junto a los fiscales Caterina y Matías Merlo, el ministro Pablo Cococcioni sostuvo que “hay un detrimento al erario público” y que “muchos de los controles implementados por el Ministerio para hacer más eficiente la carga de combustible fueron incumplidos”. Según el cálculo de la fiscalía, la red de corrupción podría haber generado un desvío mensual cercano a los 45 millones de pesos, con facturación fraudulenta de carga de nafta inexistente o sobrefacturada.

El fiscal Merlo precisó que el área logística de la URII estaba al centro de la maniobra: “Descubrimos un tipo de organización dentro de la estructura policial que usó sus atribuciones para perjudicar al Estado”. La causa incluye acusaciones por asociación ilícita, malversación de fondos públicos y falsificación de documentación. Todo el personal implicado fue pasado a disponibilidad y se avanza en la identificación de más implicados.

Entre las medidas dispuestas por el Ministerio de Seguridad, se decidió desplazar al jefe de la URII, comisario Daniel Acosta, quien fue apartado de su cargo pero permanece en libertad. En su lugar fue designado Claudio Romano, un director general retirado con antecedentes en el comando de esa unidad regional. Cococcioni no descartó que la intervención pueda prorrogarse más allá de los 90 días iniciales, según los avances de la investigación.