Cristina Fernández de Kirchner deberá cumplir prisión: la Corte Suprema confirmó su condena en la causa Vialidad

El fallo fue firmado por los jueces Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti, quienes rechazaron punto por punto los argumentos esgrimidos por los abogados de la ex mandataria. Según sostuvieron, “el debido proceso ha sido salvaguardado” y “la sentencia está fundada en la ley”. Además, se ratificó su inhabilitación permanente para ocupar cargos públicos.

El máximo tribunal también dejó firme la absolución de Fernández de Kirchner en relación al delito de asociación ilícita, al desestimar el recurso presentado por el Ministerio Público Fiscal por “inadmisible”, conforme lo establece el artículo 280 del Código Procesal Civil y Comercial.

Por su edad —72 años—, la ex presidenta podrá solicitar el beneficio de la prisión domiciliaria, que se prevé podría cumplir en su departamento del barrio porteño de San Cristóbal, donde reside desde su salida de Recoleta.

En los fundamentos del fallo, los jueces destacaron que “las sentencias dictadas por los tribunales anteriores se sustentaron en una abundante producción de pruebas” y señalaron que la ex jefa de Estado “priorizó intereses particulares en detrimento de los intereses económicos del Estado”. La condena alcanza también a otras figuras centrales en el entramado investigado, como el empresario Lázaro Báez, el ex secretario de Obras Públicas José López y otros ex funcionarios kirchneristas.

Cabe recordar que el Tribunal Oral Federal N°2 dictó la condena original en diciembre de 2022, por el delito de administración fraudulenta contra la administración pública, y ordenó el decomiso de 84.835 millones de pesos. En ese fallo se consideró probada la existencia de un esquema diseñado para beneficiar a las empresas de Báez durante los gobiernos kirchneristas.

La defensa de Cristina Kirchner había objetado la imparcialidad del tribunal, cuestionado la valoración de las pruebas y denunciado arbitrariedad, pero la Corte Suprema consideró que dichos planteos no lograron demostrar violaciones a las garantías constitucionales ni fallas en el procedimiento judicial. En el fallo se afirma que las críticas presentadas eran una reiteración de argumentos ya descartados por instancias inferiores, y se remarcó que “sostener un criterio interpretativo distinto no constituye por sí una refutación válida”.

El rechazo de la Corte agota las instancias ordinarias de apelación y confirma una condena considerada histórica, que marca un hito en la relación entre el poder judicial y la clase política del país.

El trámite judicial tuvo varias instancias. En agosto de 2022, el fiscal federal Diego Luciani había solicitado 12 años de prisión para la entonces vicepresidenta y la había acusado de integrar una asociación ilícita, cargo por el cual finalmente fue absuelta. Posteriormente, el 13 de noviembre de 2024, la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal —integrada por Mariano Borinsky, Diego Barroetaveña y Gustavo Hornos— confirmó la condena. En su voto, Hornos insistió en que también debía aplicarse el delito de asociación ilícita.

En sus últimas declaraciones antes de la resolución de la Corte, Cristina Fernández adjudicó el avance del fallo al anuncio de su candidatura como legisladora bonaerense por la tercera sección electoral, hecho que comunicó el 2 de junio. En línea con las denuncias del kirchnerismo sobre “lawfare” y persecución judicial, la ex presidenta sostuvo: “Me quieren presa o muerta, pero lo que nunca van a poder evitar es que vuelva el pueblo”. Y agregó, en un acto por el aniversario de los fusilamientos de José León Suárez: “Estar presa es un certificado de dignidad”.

Apenas conocida la decisión del máximo tribunal, los fiscales solicitaron al Tribunal Oral Federal la orden de captura, y el tribunal pidió al Ministerio de Seguridad que disponga las instalaciones del Servicio Penitenciario Federal para alojar a Fernández de Kirchner. No obstante, se espera que la defensa insista con la prisión domiciliaria por su edad.

El fallo de la Corte, de 27 páginas, no se limitó a ratificar la sentencia, sino que refutó detalladamente cada uno de los planteos de la defensa. Los jueces afirmaron que no hubo arbitrariedad ni violación de garantías constitucionales, y que las sentencias anteriores se ajustaron a la ley y se fundaron en pruebas suficientemente valoradas según los principios de la sana crítica racional.

También afirmaron que el derecho de la acusada a ser juzgada por un tribunal imparcial no fue vulnerado, ya que los jueces intervinientes fueron oportunamente aceptados sin objeciones. Rosatti y Rosenkrantz firmaron un voto conjunto rechazando el recurso de queja, al que luego adhirió Lorenzetti.

En uno de los pasajes centrales del fallo, los magistrados sostienen: “Las penas impuestas son las previstas por el ordenamiento jurídico vigente. La aplicación de prisión e inhabilitación no hace más que resguardar el sistema republicano y democrático, conforme lo dispuesto por el Código Penal sancionado por el Congreso de la Nación”.

De este modo, Cristina Fernández de Kirchner se convirtió en la segunda ex presidenta condenada desde el regreso de la democracia en 1983. La diferencia con el caso de Carlos Menem —quien también fue condenado— es que en su caso la Corte Suprema nunca se pronunció y murió con fueros como senador nacional. En cambio, CFK es la primera ex mandataria con una condena penal firme dictada por el máximo tribunal del país.