La decisión de Bailaque de presentar su renuncia llegó justo antes de lo que iba a ser su última instancia de defensa ante el Consejo de la Magistratura, prevista para el 17 de junio. En esa audiencia se definiría la formación del Tribunal de Enjuiciamiento que analizaría su eventual destitución. Con esta maniobra, el juez busca anticiparse al jury y conservar el beneficio de su jubilación, que podría rondar los 14 o 15 millones de pesos.
Actualmente, Bailaque enfrenta una situación judicial crítica: tiene tres causas penales abiertas con imputaciones graves y pedidos de prisión preventiva. La renuncia, si es aceptada por el Poder Ejecutivo, implicaría la pérdida de sus fueros, lo que habilitaría a que se cumpla la orden de prisión domiciliaria dictada por la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario.
El caso del juez escaló rápidamente en gravedad luego de revelarse que su contador personal era el mismo que manejaba las finanzas de Esteban Alvarado, uno de los narcos más peligrosos de la región. Las acusaciones que pesan sobre él van desde la inacción judicial hasta vínculos con estructuras criminales. Según analistas judiciales, se trata de uno de los casos más escandalosos de presunta corrupción dentro del Poder Judicial federal.
La renuncia de Bailaque ocurre pocos meses después de la del juez Reinaldo Rodríguez, titular del Juzgado Federal N° 2 de Santa Fe, también cuestionado por su desempeño. En menos de un año, ya son dos los jueces federales de la provincia que abandonan sus cargos bajo la sombra de sospechas graves. Ahora, la definición queda en manos del presidente Milei, quien deberá resolver si acepta la renuncia y, con ello, se archiva el proceso de destitución, o si permite que el jury avance para una resolución institucional definitiva.