Milei aceptó la renuncia del juez Bailaque, quien evitará el juicio político pero podría quedar detenido este martes

La aceptación de la renuncia implica dejar sin efecto el proceso de destitución que avanzaba en el Consejo de la Magistratura. El decreto presidencial no incluye argumentos ni fundamentos, a pesar de que es usual que contengan alguna motivación. Bailaque había presentado su renuncia el 11 de junio, con fecha de efectividad el 1° de julio, cuando ya enfrentaba tres investigaciones internas y una causa penal por delitos como extorsión, prevaricato y abuso de autoridad. El plenario del Consejo aún debía votar si lo enviaba a un jury, pero la decisión del Ejecutivo anula de hecho esa posibilidad.

La Comisión de Acusación del Consejo, liderada por el senador del PRO Luis Juez, había aprobado por unanimidad un dictamen acusatorio elaborado por el diputado Álvaro González y el abogado consejero Alberto Maques. El informe describía diversas situaciones que, a juicio de los firmantes, constituían mal desempeño de funciones, falta de transparencia, parcialidad e integridad. Uno de los principales cargos lo vincula con el narcotraficante Esteban Lindor Alvarado: Bailaque no se apartó de expedientes relacionados con él, pese a que su contador, Gabriel Mizzau, era también el contador de Alvarado, y a que el hijo de Mizzau trabajaba en su juzgado. Además, habría demorado investigaciones clave y obstaculizado medidas como las escuchas telefónicas.

Otro de los cargos expone un supuesto intento de extorsión al empresario Claudio Iglesias, mediante una causa presuntamente fraguada. En esta maniobra, habrían intervenido Fernando Whpei —amigo del juez— y Carlos Vaudagna, exjefe de la AFIP en Rosario, quien se presentó como arrepentido. Según las denuncias, se le exigieron a Iglesias 200.000 dólares para detener el avance de una investigación judicial.

El tercer punto del dictamen señala el uso irregular de fondos públicos pertenecientes a una cooperativa de estibadores intervenida por la Justicia. Parte del dinero habría sido derivado a la mutual Grupo Unión, dirigida por Whpei. Pese a sus vínculos con el caso, Bailaque tampoco se excusó y habría beneficiado a su entorno cercano.

El 13 de junio, las organizaciones ACIJ (Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia) y el INECIP (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales) enviaron una carta al presidente Milei y al ministro de Justicia, solicitando que se rechazara la renuncia del magistrado, para permitir su juzgamiento. Advirtieron que la Constitución otorga al Presidente la facultad de no aceptar la renuncia si existe un proceso de juicio político en curso, y alertaron sobre el riesgo de consagrar la impunidad. Señalaron además que uno de cada tres procesos disciplinarios contra jueces se trunca por la aceptación de sus renuncias. “No es sólo el caso Bailaque, sino un mecanismo institucional que impide la rendición de cuentas”, argumentaron.

Bailaque fue designado como juez federal de Rosario en 2008, tras haber establecido lazos con el kirchnerismo en Santa Cruz. Según fuentes judiciales, contó durante años con respaldo político y judicial. Su juzgado fue objeto frecuente de cuestionamientos por demoras en causas sensibles y por presuntas maniobras para favorecer a bandas del narcotráfico. En el caso de Los Monos, por ejemplo, la justicia provincial dictó condenas antes de que él avanzara con la causa federal por lavado de activos.

El 11 de junio, Bailaque presentó su renuncia para evitar el avance del juicio político y el 17 de junio se excusó de comparecer ante la Comisión de Acusación, optando por enviar un extenso descargo por escrito.

“La aceptación de la renuncia extingue el procedimiento y le permite al magistrado acceder a una jubilación de privilegio. La Constitución prevé rechazar la renuncia en estos casos, lo contrario es avalar la impunidad”, reiteraron desde ACIJ e INECIP.