Santa Fe advierte que restituir las retenciones al agro sería “un error”

El gobernador Maximiliano Pullaro cuestionó la decisión del Gobierno nacional de no extender la baja temporal de los Derechos de Exportación. “Necesitamos no solo mantener la reducción, sino eliminar las retenciones”, sostuvo.

El gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, expresó este jueves su preocupación por la decisión del Gobierno nacional de no prorrogar el decreto que desde principios de año redujo de manera transitoria los Derechos de Exportación (DEX) para productos agropecuarios. A partir del 1 de julio, volverá a aplicarse el esquema anteragrior de retenciones, lo que, según el mandatario provincial, representa “un gravísimo error”.

Pullaro fue contundente en su crítica: “Es no mirar al interior productivo de la República Argentina. Todo lo que se genera en el campo queda en los pueblos y ciudades del interior. Los gringos, los trabajadores, no se llevan la plata al exterior ni la ponen en cuentas offshore o criptomonedas: la reinvierten en tecnología o en ladrillos para seguir produciendo”. Y agregó: “Estoy convencido de que, si esta política no cambia, si no se eliminan las retenciones o al menos se mantiene la medida vigente, el gobierno nacional se va a equivocar seriamente”.

Asimismo, sostuvo que es necesario ir más allá de una simple prórroga: “Necesitamos no solo que se mantenga el esquema de baja de retenciones, sino que se eliminen completamente. Pero también requerimos una política que proteja la industria. La apertura del país debe ser estratégica e inteligente, cuidando siempre los puestos de trabajo”.

Impacto económico y necesidad de previsibilidad

Por su parte, el ministro de Desarrollo Productivo santafesino, Gustavo Puccini, remarcó la necesidad de brindar certezas al sector agropecuario para fomentar la inversión. “Si después del 30 de junio vuelven las retenciones sobre todo a la soja, como eran hasta enero, los productores de Santa Fe perderán 227 millones de dólares, considerando el volumen que aún queda por comercializar de la campaña 2024/2025. Ese dinero no retorna en mejoras: ni en rutas, ni en autopistas, ni en obras de infraestructura”, advirtió.

Puccini también señaló que el diálogo con los productores ha sido constante: “Nos transmiten su preocupación ante la falta de definiciones por parte del Gobierno nacional. Necesitan certezas para producir, para planificar, para decidir si invertir en maquinaria o no”.

A modo de ejemplo, destacó que durante 2024 los productores agropecuarios santafesinos transfirieron más de 2.000 millones de dólares al Estado nacional en concepto de retenciones, “un impuesto que no es coparticipable y que no generó beneficios concretos para el entramado productivo provincial, ya que no volvió en forma de obras ni quedó en manos de quienes generan esa riqueza”.

En caso de reinstalarse el esquema anterior —con una alícuota del 33 % para el poroto de soja y del 31 % para la harina y el aceite—, Puccini advirtió que se verá reducida la capacidad de pago de la industria y la exportación, con un impacto directo en los precios del mercado.

Un llamado al diálogo

El ministro también apeló al antecedente de la primera Ley Bases, en la que —según relató— Nación estuvo dispuesta a escuchar los planteos de la provincia: “En aquel momento, cuando se quiso aplicar retenciones a la industria y a otras producciones santafesinas, nos hicimos escuchar y explicamos con datos cómo eso iba a perjudicar a nuestra economía. Y fuimos escuchados. Esperamos que ahora también lo sean”.

Por último, Puccini reflexionó sobre el trasfondo de la discusión: “Las retenciones sostuvieron durante dos décadas un modelo de Estado que se volvió dependiente de estos recursos. Pero si se piensa en una política de eliminación de retenciones, esta debe ser parte de un plan más amplio que incluya reducción del gasto público, desarrollo económico y crecimiento. No puede analizarse solo desde una perspectiva fiscal”.

Y concluyó con una crítica al destino de los recursos: “Los enormes fondos que se le quitan al campo no se reinvierten en infraestructura que expanda nuestra capacidad productiva y exportadora, como autopistas, trenes o la Hidrovía. Tampoco en servicios esenciales como agua potable, cloacas, telecomunicaciones, escuelas u hospitales en los pueblos rurales donde vive la gente que genera esta riqueza”.

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